La desaparición de Alan García Zúñiga, activista de derechos humanos, periodista y trabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex), ha encendido alarmas nacionales e internacionales. Fue presuntamente privado de su libertad el miércoles 22 de enero en Poza Rica, Veracruz, cuando llegaba a su vivienda en la colonia Guadalupe Victoria. Testigos reportaron el hecho a las autoridades, quienes movilizaron a fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno para iniciar la búsqueda.
La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) confirmó que el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas está activo en el caso, coordinando esfuerzos con las autoridades estatales y federales, así como con la familia del desaparecido.
Alan García ya había sido víctima de un ataque armado en 2017 y era beneficiario del Mecanismo de Protección. Sin embargo, su desaparición ha reabierto el debate sobre la eficacia de este sistema. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación, exigiendo acciones inmediatas para localizarlo.
Por su parte, Propuesta Cívica denunció la deficiencia del Mecanismo de Protección, citando que la falta de investigaciones efectivas sobre amenazas previas ha permitido que agresiones letales ocurran. Este caso ocurre en un contexto alarmante: el asesinato reciente del periodista Calletano de Jesús Guerrero en el Estado de México y del defensor Sergio Cruz Nieto en Puebla, ambos bajo condiciones de riesgo previamente denunciadas.
Las organizaciones de derechos humanos han llamado a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) a redoblar esfuerzos para localizar a Alan García y garantizar justicia para quienes han perdido la vida en defensa de sus derechos y la libertad de expresión.
