Maru Campos acudió a la FGR en Ciudad de México en medio de una confrontación abierta con el gobierno federal. La gobernadora asegura que quieren fabricar un delito; su defensa habla de hostigamiento, mientras el caso ya mezcla soberanía, fuero, CIA y disputa política rumbo a una batalla mayor.
La violencia en Chilapa volvió a mostrar el abandono brutal del Estado. Ataques armados, drones con explosivos, asesinatos y desplazamiento masivo han dejado a comunidades enteras huyendo entre balas, mientras pobladores denuncian que la ayuda oficial simplemente no aparece.
El caso de Julio César Cervantes no solo exhibe una falla forense. Exhibe un sistema capaz de tener una respuesta enfrente y aun así dejar a una familia buscando entre el dolor, la burocracia y el abandono.
La visita del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU por la crisis de desaparecidos coloca a México en una escena incómoda: el gobierno está listo para presumir avances, pero sigue rechazando parte del diagnóstico internacional sobre la gravedad del problema. No es una contradicción menor. Es la prueba de que, frente a una herida nacional, el Estado todavía parece más preocupado por discutir el retrato que por asumir el tamaño del desastre.
La nueva ofensiva impulsada desde Washington no solo enciende alarmas por sus objetivos inmediatos. También revive una pregunta vieja, incómoda y peligrosísima para cualquier democracia: qué pasa cuando el poder empieza a tratar la disidencia política como amenaza interna.
Maru Campos acudió a la FGR en Ciudad de México en medio de una confrontación abierta con el gobierno federal. La gobernadora asegura que quieren fabricar un delito; su defensa habla de hostigamiento, mientras el caso ya mezcla soberanía, fuero, CIA y disputa política rumbo a una batalla mayor.
La violencia en Chilapa volvió a mostrar el abandono brutal del Estado. Ataques armados, drones con explosivos, asesinatos y desplazamiento masivo han dejado a comunidades enteras huyendo entre balas, mientras pobladores denuncian que la ayuda oficial simplemente no aparece.
El caso de Julio César Cervantes no solo exhibe una falla forense. Exhibe un sistema capaz de tener una respuesta enfrente y aun así dejar a una familia buscando entre el dolor, la burocracia y el abandono.
La visita del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU por la crisis de desaparecidos coloca a México en una escena incómoda: el gobierno está listo para presumir avances, pero sigue rechazando parte del diagnóstico internacional sobre la gravedad del problema. No es una contradicción menor. Es la prueba de que, frente a una herida nacional, el Estado todavía parece más preocupado por discutir el retrato que por asumir el tamaño del desastre.
La nueva ofensiva impulsada desde Washington no solo enciende alarmas por sus objetivos inmediatos. También revive una pregunta vieja, incómoda y peligrosísima para cualquier democracia: qué pasa cuando el poder empieza a tratar la disidencia política como amenaza interna.
La crisis con Irán está mostrando algo más incómodo para Washington que una derrota militar clásica: el límite político, económico y estratégico de una guerra que se volvió demasiado cara para sostener y demasiado riesgosa para vender como victoria limpia