La visita del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU por la crisis de desaparecidos coloca a México en una escena incómoda: el gobierno está listo para presumir avances, pero sigue rechazando parte del diagnóstico internacional sobre la gravedad del problema. No es una contradicción menor. Es la prueba de que, frente a una herida nacional, el Estado todavía parece más preocupado por discutir el retrato que por asumir el tamaño del desastre.
La próxima visita del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU a México por la crisis de desapariciones tiene un peso político que el gobierno no puede maquillar fácilmente. No se trata de una gira protocolaria ni de una cortesía diplomática más. Ocurre en un momento especialmente delicado, después de que el Comité contra la Desaparición Forzada pidiera llevar la situación mexicana a la consideración de la Asamblea General de Naciones Unidas. Es decir, el problema ya no está sólo en el terreno doméstico; ha escalado a un nivel internacional que exhibe la profundidad del deterioro.
Frente a eso, la reacción oficial ha sido reveladora. La Secretaría de Gobernación anunció que presentará avances, acciones institucionales y resultados en materia de búsqueda, al tiempo que reiteró su rechazo a las conclusiones del comité de la ONU. Ahí aparece la contradicción central de este episodio. México acepta la visita, prepara su defensa, ordena su narrativa y abre sus carpetas, pero al mismo tiempo se resiste a aceptar el diagnóstico más duro. Es como si el gobierno estuviera dispuesto a mostrar gestión, pero no a admitir del todo la magnitud de la crisis que esa gestión no ha logrado contener.
El problema es que en materia de desapariciones ya no basta con hablar de esfuerzos. La distancia entre el discurso institucional y la experiencia de las familias es demasiado grande. Mientras el Estado enumera leyes, comisiones, protocolos y mesas de trabajo, las madres buscadoras siguen encontrando restos, cavando con sus propias manos y corrigiéndole la realidad a las autoridades. Ésa es la parte que vuelve especialmente frágil cualquier intento de defensa oficial: la crisis no se mide sólo en documentos, sino en ausencias acumuladas, en territorios marcados por el miedo y en familias que aprendieron a buscar sin esperar demasiado del aparato público.
También conviene subrayar algo importante: no todas las instancias de la ONU son lo mismo. El gobierno ha intentado marcar distancia con el comité que encendió la alarma, mientras recibe al alto comisionado como interlocutor. Esa distinción puede tener sentido técnico, pero políticamente deja una escena difícil de sostener. Porque, en términos de percepción pública, lo que queda es que la ONU toca la puerta por los desaparecidos y México responde con una mezcla de apertura controlada y rechazo selectivo. Acepta la revisión, pero cuestiona el veredicto.
En una democracia sólida, la visita de un alto funcionario internacional por una crisis humanitaria debería provocar, ante todo, un ejercicio de autocrítica. En México, en cambio, la tentación sigue siendo administrar el costo político del señalamiento. Y ahí está el riesgo. Cuando un Estado se enfoca demasiado en debatir si el diagnóstico externo es “justo” o “exagerado”, puede terminar perdiendo de vista lo esencial: que el problema persiste, que las familias siguen buscando y que el país ya se acostumbró demasiado a convivir con la ausencia.
La visita de Volker Türk no resolverá por sí sola la crisis, pero sí deja una imagen poderosa: México tendrá que explicar ante el mundo una herida que dentro del país no ha sabido cerrar. Y quizá ésa sea la parte más incómoda para el poder. No que venga la ONU, sino que llegue a constatar algo que las víctimas llevan años diciendo: que en materia de desapariciones, el problema no cabe ya en un comunicado, en una conferencia ni en una carpeta de avances. Cabe en el tamaño de una deuda histórica que sigue abierta.
