En su más reciente estudio titulado ‘Presencia del crimen organizado en México’ (2023), la consultoría en seguridad AC Consultores reveló que más del 80 por ciento del territorio nacional se encuentra asediado por los grupos delincuenciales.
Dicho informe documenta que en México existen 175 organizaciones criminales, siendo el de mayor dominio el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operaciones en 28 estados del país.
La guerra contra el narcotráfico en México toma un giro inesperado. El gobierno de Estados Unidos, liderado por la administración Trump, ha anunciado su decisión de designar a varios de los cárteles más poderosos del país como organizaciones terroristas. Este acto histórico podría transformar el panorama de la lucha contra las drogas y el crimen organizado, generando no solo tensiones diplomáticas, sino un desafío aún mayor para las autoridades mexicanas.
En el epicentro de esta medida se encuentran los dos cárteles más influyentes de México: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyos tentáculos llegan a prácticamente todos los rincones del país. Según un informe reciente de AC Consultores, más del 80% del territorio mexicano está bajo control de grupos criminales, con el CJNG operando en 28 de los 32 estados y el Cártel de Sinaloa en 24. En conjunto, estos cárteles no solo dominan el tráfico de drogas, sino que también gestionan redes de extorsión, secuestro, y otras actividades ilícitas que afectan directamente a la seguridad y estabilidad de la nación.
La Dimensión del Poder Criminal
Este «narcomapa» revela la magnitud de la influencia de estas organizaciones. A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por erradicar el crimen organizado, la presencia de los cárteles en el territorio sigue expandiéndose. Mientras que el Cártel de Sinaloa tiene una vasta red que abarca desde las zonas más remotas hasta las grandes ciudades, el CJNG, con su estructura paramilitar, ha ido ganando terreno, especialmente en el occidente y centro del país. Por otro lado, el Cártel del Golfo, aunque más reducido, sigue siendo relevante en el noreste, mientras que grupos como La Familia Michoacana y Carteles Unidos mantienen control en ciertas regiones del sur.
La Reacción Internacional y Nacional
La decisión de Washington no ha pasado desapercibida. En México, la noticia ha generado una serie de reacciones encontradas. Mientras algunos sectores apoyan la medida como una forma de presionar para que se intensifiquen los esfuerzos contra el crimen organizado, otros la critican por los riesgos que puede traer en términos de relaciones bilaterales. Expertos en seguridad señalan que la designación podría generar más violencia, al provocar una mayor confrontación entre las autoridades mexicanas y los cárteles, pero también podría ser una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.
Además, la medida ha reabierto el debate sobre el papel de los cárteles en la política y economía de México, al ser responsables de miles de muertes cada año y un impacto negativo en la calidad de vida de millones de ciudadanos.
¿Una Solución o un Riesgo Mayor?
La designación de los cárteles como terroristas es vista por algunos como una estrategia para debilitar el poder de estas organizaciones a través de sanciones internacionales y congelamiento de activos. Sin embargo, otros advierten que este enfoque podría intensificar la violencia en las calles, sin una solución clara al problema subyacente. La lucha contra los cárteles no es solo un asunto de seguridad, sino también una cuestión económica y social profundamente arraigada.
En este contexto, México se enfrenta a un reto monumental. ¿Podrá el gobierno mexicano hacer frente a este desafío con un enfoque que combine la fuerza y la justicia, o la escalada de violencia llevará al país a un escenario aún más complejo? Solo el tiempo dirá, pero lo cierto es que el «narcomapa» de México está lejos de desdibujarse, y su impacto será sentido tanto en el país como a nivel internacional.
