El gobierno mexicano ha presentado una iniciativa para modificar la Clave Única de Registro de Población (CURP), incorporando datos biométricos como fotografías y huellas dactilares, con el objetivo de convertirla en la principal fuente de identificación oficial en el país. Esta propuesta también contempla la creación de una Plataforma Única de Identidad, destinada a centralizar y gestionar la información personal de los ciudadanos.
Diversas organizaciones defensoras de los derechos digitales han manifestado su preocupación ante esta medida, señalando que la centralización de datos biométricos en una base de datos masiva y obligatoria podría incrementar el riesgo de vulneraciones a la privacidad y seguridad de los ciudadanos. Argumentan que la recopilación y almacenamiento de información sensible sin las debidas salvaguardas podría facilitar prácticas de vigilancia masiva y potenciales abusos por parte de las autoridades.
Además, expertos en derechos humanos advierten que la implementación de sistemas de identificación biométrica podría derivar en discriminación y exclusión social, especialmente para grupos vulnerables como personas mayores, comunidades indígenas y aquellos sin acceso fácil a la tecnología. La obligatoriedad de este sistema podría dificultar el acceso de estas poblaciones a servicios esenciales, profundizando desigualdades existentes.
En respuesta a estas inquietudes, el gobierno ha asegurado que la iniciativa busca mejorar la eficiencia en la identificación de personas y fortalecer la seguridad nacional, comprometiéndose a implementar medidas estrictas de protección de datos personales. Sin embargo, el debate continúa, y diversos sectores de la sociedad civil exigen una discusión más amplia y transparente sobre los alcances y riesgos de esta propuesta antes de su posible aprobación.
