En el marco de la histórica elección judicial del próximo 1 de junio, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, respectivamente, solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación de 26 candidaturas al Poder Judicial. De estas, 18 son señaladas por no cumplir con el requisito constitucional de «gozar de buena reputación», al estar vinculadas a investigaciones penales federales vigentes por delitos como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada. Las otras 8 no cumplen con el promedio general de calificación en licenciatura de al menos ocho puntos.
Entre los perfiles impugnados se encuentran:
- Fernando Escamilla Villarreal, aspirante a juez de distrito del PJF, por haber defendido a personas imputadas de pertenecer a la delincuencia organizada.
- Jesús Humberto Padilla Briones, aspirante a juez de distrito del PJF, por haber sido puesto a disposición por portación de arma de fuego y delitos contra la salud.
- Diana Montserrat Partida, aspirante a juez de distrito del PJF, por haber concedido libertad indebida a imputados por delincuencia organizada.
- Francisco Martín Hernández Zaragoza, aspirante a magistrado del PJF, por haber sido imputado por abuso sexual en agravio de diversas víctimas y sancionado por el Consejo de la Judicatura en 2015.
El INE ha habilitado un mecanismo para que la ciudadanía y organizaciones civiles presenten denuncias contra aspirantes que no cumplan con los requisitos de elegibilidad, incluyendo aquellos con antecedentes penales o que sean deudores alimentarios. Los candidatos señalados tendrán un plazo de tres días para presentar pruebas de defensa.
Esta situación ha generado preocupación respecto a la legitimidad y transparencia del proceso electoral para elegir 881 cargos judiciales entre 3,414 aspirantes.
