La exmagistrada Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, fue detenida esta mañana en su domicilio en la colonia Ruffo Figueroa, Chilpancingo, por su presunta responsabilidad en la destrucción de videos del Palacio de Justicia de Iguala, grabados la noche del 26 de septiembre de 2014, durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Según el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, estos videos mostraban cómo policías municipales de Iguala y Huitzuco se llevaron a 14 estudiantes, pero Galeana ordenó eliminarlos alegando «problemas técnicos».
La detención, ejecutada por agentes federales de la FGR con apoyo de la Secretaría de Seguridad estatal, podría marcar un avance en el caso Ayotzinapa, que lleva una década sin resolverse. Sin embargo, la opacidad del proceso genera escepticismo: no se ha esclarecido si Galeana actuó por iniciativa propia o bajo presión de autoridades superiores, un punto que el informe de la Comisión dejó abierto. Posts en X destacan que su captura, a pocos meses del 11º aniversario de los hechos, podría ser un intento de mostrar «resultados» ante la presión social, aunque la falta de acceso a los videos sigue obstaculizando la verdad.
El arresto podría tener repercusiones políticas y sociales en Guerrero, donde la impunidad ha sido una constante. Organizaciones de derechos humanos han señalado que la destrucción de pruebas no solo encubre a los responsables directos, sino también a funcionarios de alto nivel que podrían estar implicados. La detención de Galeana, aunque simbólica, no garantiza justicia si no se investigan a fondo las redes de complicidad que permitieron este encubrimiento, incluyendo el rol del Poder Judicial y militares señalados en el caso.
A largo plazo, este evento podría presionar al gobierno de Claudia Sheinbaum para acelerar las investigaciones, pero también arriesga alimentar la desconfianza ciudadana si no se traduce en resultados concretos. Mientras las familias de los normalistas exigen verdad y no «detenciones mediáticas», el caso Ayotzinapa sigue siendo un recordatorio de las fallas sistémicas en México: un Estado que, como reflejan posts en X, parece más interesado en controlar la narrativa que en resolver el crimen.
