Especialistas advierten que la elección judicial del 1 de junio, destinada a renovar más de 2,600 cargos en el Poder Judicial, enfrenta múltiples desafíos que podrían comprometer su legitimidad. Entre las principales preocupaciones se encuentran la improvisación en la organización del proceso, la falta de equidad en las campañas y la inclusión de candidatos con antecedentes cuestionables.
Arturo Espinosa, director del Laboratorio Electoral, señaló que el proceso carece de las condiciones necesarias para ser considerado verdaderamente democrático, debido a la falta de certeza y equidad derivadas de una reforma apresurada y la ausencia de una regulación adecuada. Además, se ha criticado el uso de tómbolas por parte del Senado para seleccionar candidatos y la falta de revisión de perfiles por parte del INE.
Organizaciones civiles han denunciado la presencia de candidatos vinculados al crimen organizado y otros delitos, lo que agrava la desconfianza en el proceso. La distribución de «acordeones» con listas de candidatos recomendados y el acarreo masivo de votantes son prácticas que también han sido señaladas como preocupantes.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, estima que la participación ciudadana podría oscilar entre el 13% y el 20%, una cifra significativamente menor al 61% registrado en las elecciones presidenciales de 2024. Esta baja participación podría afectar la legitimidad de los nuevos funcionarios judiciales y del proceso en su conjunto.
