El 1 de junio de 2025, mientras México llevaba a cabo la elección judicial para renovar 881 cargos federales, un acto de protesta marcó la jornada frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Ciudad de México. Colectivos ciudadanos colocaron dos coronas fúnebres con la leyenda “RIP al Poder Judicial” y un montículo de tierra simulando una tumba, adornado con velas y un listón tricolor, como un símbolo de luto por lo que consideran la “muerte” de la independencia judicial. Este gesto, reportado por medios como Milenio y viralizado en redes sociales, refleja el rechazo de sectores de la sociedad a la reforma judicial impulsada por Morena, que permite la elección popular de jueces, magistrados y ministros. La ONU y la CIDH han advertido que este proceso podría comprometer la autonomía del Poder Judicial, un temor compartido por los manifestantes.
El acto, realizado en la entrada principal de la SCJN en Pino Suárez, ocurrió en el marco del “Domingo Negro”, una serie de protestas nacionales contra la elección judicial. Según reportes, ocho personas colocaron las coronas y la tumba simbólica a las 7:00 horas, retirándose poco después. La acción, descrita como pacífica, se sumó a otras manifestaciones, como la marcha desde el Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, donde miles exigieron un Poder Judicial imparcial con consignas como “La Corte no se toca”. Organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), han instado a una vigilancia estricta, criticando la opacidad en la selección de los 3,422 candidatos y el riesgo de politización, especialmente tras denuncias de “acordeones” ligados a Morena.
La protesta frente a la SCJN no estuvo exenta de controversia. En redes sociales, usuarios como @IrvingPineda y @politicomx difundieron imágenes que generaron reacciones polarizadas: mientras algunos apoyaron el simbolismo como una denuncia legítima, otros lo consideraron un ataque exagerado a la democracia. La CIDH ha señalado que la preselección de candidatos, con entrevistas rápidas y requisitos mínimos (como un título de abogado y un ensayo breve), podría permitir la entrada de perfiles poco calificados o con vínculos cuestionables, un punto que los manifestantes resaltaron al advertir sobre posibles nexos con el crimen organizado. La baja participación esperada (8-23%) y los incidentes reportados, como el robo de 2,000 boletas en Oaxaca, refuerzan las dudas sobre la legitimidad del proceso.
Este acto simbólico, junto con las protestas nacionales, pone de manifiesto la profunda división en México respecto a la reforma judicial. Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum y el expresidente López Obrador celebran la elección como un avance democrático, organismos internacionales y manifestantes advierten que podría debilitar el Estado de derecho. La atención global está puesta en el Instituto Nacional Electoral (INE) y su capacidad para garantizar transparencia en un proceso que, con un costo de 7,019 millones de pesos, definirá el futuro del Poder Judicial mexicano y su papel como contrapeso democrático.
