El 1 de junio de 2025, mientras México lleva a cabo la histórica elección judicial para renovar 881 cargos federales, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), miles de ciudadanos salieron a las calles en una mega marcha nacional bautizada como “Domingo Negro” para protestar contra este proceso. Organizada por colectivos como México Unido y respaldada por figuras como el empresario Ricardo Salinas Pliego y el expresidente Vicente Fox, la movilización denuncia la elección como una “farsa” que amenaza la independencia del Poder Judicial. En la Ciudad de México, los manifestantes se congregaron a las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia, avanzando hacia el Zócalo, mientras protestas simultáneas ocurrieron en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla, y León, reflejando un rechazo generalizado a la reforma impulsada por Morena.
Organismos internacionales, como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han expresado preocupaciones sobre la elección, advirtiendo que la selección popular de jueces podría politizar el sistema judicial y erosionar el Estado de derecho. La CIDH ha criticado la opacidad en la preselección de los 3,422 candidatos, señalando entrevistas rápidas y requisitos mínimos que podrían permitir la entrada de perfiles poco calificados o afines al partido gobernante. La ONU, por su parte, ha destacado el riesgo de que los jueces electos enfrenten presiones políticas, citando precedentes en países como Hungría y Turquía. Estas críticas resuenan con los manifestantes, quienes, según posts en X, acusan al proceso de ser una “elección de Estado” destinada a consolidar el control de Morena sobre el Poder Judicial.
Las protestas, que transcurrieron pacíficamente, incluyeron el canto del Himno Nacional y consignas como “¡No al fraude judicial!” y “¡Yo no voto!”. En la Ciudad de México, el recorrido afectó brevemente el paseo ciclista en Paseo de la Reforma, mientras en León, Guanajuato, unas 40 personas se manifestaron en la avenida Madero. Los organizadores, respaldados por declaraciones de Salinas Pliego en X, llamaron a boicotear la votación, argumentando que participar legitimaría un proceso viciado. La baja participación esperada (8-23%) refuerza su narrativa, ya que refleja apatía y desconfianza ciudadana, agravada por la complejidad de las boletas y la falta de información sobre los candidatos, según un estudio de Integralia.
El impacto global de estas movilizaciones es significativo. La OEA ha instado a una supervisión estricta del proceso electoral, mientras países como España y Canadá han expresado preocupación por la posible pérdida de contrapesos democráticos. Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum defiende la elección como un avance hacia la democratización, las protestas del “Domingo Negro” evidencian una profunda polarización. La legitimidad del nuevo Poder Judicial dependerá de la transparencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la capacidad de México para responder a las críticas internacionales, mientras el mundo observa este experimento democrático único que podría redefinir el equilibrio de poderes en el país.
