El 1 de junio de 2025, México inicia una elección judicial sin precedentes, convocando a cerca de 100 millones de ciudadanos para elegir 881 cargos federales, incluidos los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un proceso impulsado por la reforma de Morena. Sin embargo, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado serias preocupaciones sobre las implicaciones de este ejercicio democrático. Estas instituciones advierten que la elección popular de jueces podría comprometer la independencia judicial, exponiendo a los magistrados a presiones políticas y mediáticas que socaven el Estado de derecho, un pilar fundamental para la protección de los derechos humanos en el país.
La ONU, a través de su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ha señalado que la reforma carece de salvaguardas suficientes para garantizar la imparcialidad de los jueces electos, especialmente en un contexto de polarización política y baja participación esperada (máximo 20%). La CIDH, por su parte, ha criticado la opacidad en la selección de los 3,422 candidatos y la falta de criterios claros para evaluar su idoneidad, lo que podría derivar en la elección de perfiles alineados con intereses partidistas, particularmente de Morena. Ambos organismos han instado al gobierno mexicano a alinear la reforma con estándares internacionales, como los Principios Básicos de la ONU sobre la Independencia de la Judicatura, que priorizan la autonomía y la capacitación técnica de los jueces.
La respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido defender la elección como un avance hacia la democratización del Poder Judicial, argumentando que combate la corrupción y el elitismo de los nombramientos previos. Sin embargo, la comunidad internacional permanece escéptica. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha solicitado una supervisión rigurosa del proceso, mientras que países como España y Canadá han expresado preocupación por la posible erosión de la separación de poderes. En redes sociales, el debate se intensifica: mientras algunos ven las críticas como una injerencia extranjera, otros las consideran una alerta válida ante el riesgo de que la reforma consolide el control político del gobierno sobre el sistema judicial.
El escrutinio internacional pone a México en una encrucijada. La legitimidad de esta elección dependerá de la transparencia en la financiación de campañas, la vigilancia del Instituto Nacional Electoral (INE) y la capacidad de responder a las inquietudes de organismos globales. Con la prohibición de los “acordeones” por el TEPJF como un intento de garantizar equidad, el mundo observa si este experimento fortalecerá la democracia o debilitará las instituciones judiciales. El resultado no solo definirá el futuro del Poder Judicial mexicano, sino que también sentará un precedente para otras democracias que contemplen reformas similares.
