La noche del 5 de junio de 2025, un túnel clandestino colapsó en la comunidad de Cuautlacingo, municipio de Otumba, Estado de México, dejando seis muertos, presuntos huachicoleros que intentaban conectar un acceso subterráneo a un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado a 300 metros, según El Financiero. El colapso, atribuido al reblandecimiento del terreno por lluvias recientes, ocurrió alrededor de las 20:00 horas en un terreno baldío sobre la calle Insurgentes. Los cuerpos fueron descubiertos tras un reporte ciudadano que alertó a las autoridades, quienes encontraron una camioneta blanca con perifoneo solicitando ayuda para rescatar a las víctimas atrapadas.
Pobladores de Cuautlacingo intentaron recuperar los cuerpos por sus propios medios, negándose inicialmente a entregarlos a las autoridades para sepultarlos según sus “usos y costumbres”. Tras un diálogo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), accedieron a canalizar los restos al anfiteatro local para necropsias que determinarán las causas exactas de los fallecimientos. Un bote azul, usado en la excavación, refuerza la hipótesis de una operación de robo de combustible. La FGJEM reporta que, de enero a mayo de 2025, se han asegurado seis tomas clandestinas en municipios como Ecatepec y Tepetlaoxtoc, evidenciando la persistencia del huachicoleo en la región, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos operan redes de contrabando hacia EE.UU., según el Departamento del Tesoro.
El incidente, que recuerda la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, en 2019, donde 137 personas murieron por una explosión en una toma clandestina, expone los riesgos mortales del huachicoleo, un delito que costó a Pemex 3,303 millones de pesos entre 2021 y 2023, según Proceso. México, enfrentando crisis como el dengue, protestas de la CNTE, y tensiones con EE.UU. por aranceles, no puede ignorar el impacto económico y social de este mercado negro, que representa el 30% del consumo de gasolinas, según la CRE. La falta de vigilancia efectiva en ductos y la complicidad de funcionarios, señalada por el Departamento del Tesoro, agravan el problema. Las autoridades deben reforzar la seguridad y desmantelar estas redes para evitar más tragedias.
¡México no puede seguir sangrando! Este derrumbe es una advertencia: el huachicoleo no solo roba recursos, sino vidas. La ciudadanía exige acciones contundentes contra los cárteles y la corrupción que permiten estas operaciones. Mientras el país lidia con múltiples crisis, el Gobierno de Claudia Sheinbaum debe priorizar la protección de los ductos y la justicia para las comunidades afectadas, antes de que más familias paguen el precio de la impunidad.
