El Congreso de México aprobó el 13 de junio de 2025 la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), trasladando sus funciones de medición de la pobreza y evaluación de políticas sociales al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta reforma, impulsada por Morena y sus aliados, forma parte de la eliminación de siete organismos autónomos, argumentando una simplificación administrativa y ahorros presupuestales. Sin embargo, expertos y organizaciones advierten que esta decisión pone en riesgo la transparencia, independencia y especialización en la medición multidimensional de la pobreza, crucial para diseñar políticas públicas efectivas. La transición, que debe definirse en leyes secundarias en 90 días, genera incertidumbre sobre la continuidad de las metodologías desarrolladas por el Coneval en sus 19 años de existencia.
El Coneval, creado en 2006, se destacó por su metodología multidimensional, que mide la pobreza no solo por ingresos, sino también por carencias en salud, educación, alimentación, vivienda y seguridad social. Sus informes, basados en datos del Inegi, han sido un referente para gobiernos y sociedad civil, revelando que en 2022 había 46.8 millones de personas en pobreza (36.3% de la población) y 9.1 millones en pobreza extrema. La transferencia de estas tareas al Inegi, que se especializa en recopilar datos estadísticos pero no en su análisis profundo ni en la evaluación de políticas, podría comprometer la calidad y credibilidad de las cifras. Especialistas como Guillermo Cejudo y Sofía Ramírez han alertado sobre posibles sesgos y la pérdida de conocimiento técnico durante la transición.
La reforma ha desatado críticas por su motivación política, especialmente tras declaraciones de legisladores como Alejandro Murat, quien justificó la desaparición del Coneval argumentando que “la pobreza ha bajado” y el Inegi puede asumir sus funciones. Sin embargo, el Coneval no solo mide la pobreza, sino que evalúa la efectividad de programas sociales, un rol que el Inegi no está preparado para asumir sin una reestructuración significativa. Organizaciones como México, ¿Cómo Vamos? y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza subrayan que la autonomía técnica del Coneval garantizaba imparcialidad, y su eliminación podría abrir la puerta a manipulaciones en los datos, afectando la rendición de cuentas y la asignación de recursos como los del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social.
La comunidad académica y activistas exigen que las leyes secundarias preserven la metodología multidimensional y la independencia en la medición de la pobreza. Mientras el Inegi, liderado por Graciela Márquez Colín, asegura que mantendrá el rigor técnico, expertos dudan de su capacidad para asumir estas tareas sin una unidad especializada. La desaparición del Coneval, sumada a recortes como el de la encuesta intercensal del Inegi, refleja un retroceso en la generación de datos transparentes, esenciales para combatir la pobreza en un país donde persisten desigualdades estructurales. Este cambio podría debilitar la capacidad del Estado para diseñar políticas efectivas y perpetuar la opacidad en la lucha contra la pobreza.
