El aseguramiento de una minirrefinería clandestina en Coatzacoalcos, Veracruz, reveló una red de huachicol que involucra al Cártel Jalisco Nueva Generación, extrabajadores de Pemex, empresas fantasma y contrabandistas transnacionales. Esta operación ilícita genera pérdidas al fisco mexicano de hasta 9 mil millones de dólares al año, abasteciendo el 30% del mercado nacional de gasolina y diésel con combustible robado. La minirrefinería procesaba 500 mil litros de crudo sustraído para producir diésel artesanal, nafta ligera, solventes y combustóleo, operando sin permisos y con alto riesgo ambiental.
Ubicada cerca de instalaciones de Pemex, la refinería usaba equipo especializado manejado por personal con conocimientos técnicos, sugiriendo colusión con insiders. El crudo robado era transportado a Texas en miles de cargamentos ilegales, generando demandas de EE.UU. por cientos de millones de dólares en daños. El esquema dependía de sobornos a empleados de Pemex, perforaciones en oleoductos y contrabando marítimo, con ganancias repatriadas al cártel a través de redes financieras.
La presidenta Claudia Sheinbaum prometió “cero impunidad” ante la magnitud del robo, pero la ausencia de detenidos en el operativo ha generado dudas sobre la efectividad de las medidas. La operación, bautizada “Muerte Líquida”, expuso la vulnerabilidad de las aduanas mexicanas y la corrupción estructural que permite el desvío diario de combustible. La red también opera en países como Guatemala y Belice, aprovechando vacíos legales y controles débiles.
Esta crisis resalta los desafíos de México para proteger sus recursos energéticos frente a la delincuencia organizada transnacional. La cercanía de la minirrefinería a infraestructura oficial de Pemex sugiere complicidad interna, mientras el impacto económico amenaza la estabilidad fiscal. Combatir esta red requerirá cooperación internacional, reforzar aduanas y desmantelar las redes de corrupción que sostienen el huachicol.
