La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 476 votos, una reforma al artículo 271 de la Ley del Seguro Social que regula los retiros parciales de las Afores por desempleo. La iniciativa, impulsada por el morenista Alejandro Carvajal Hidalgo, modifica el cálculo del monto a retirar, basándolo ahora en el salario promedio de las últimas 52 semanas, con un tope de 30 días de ese salario o 10 UMAs mensuales. Para cuentas de más de cinco años, se permite elegir entre 90 días del salario promedio de las últimas 250 semanas o el 11.8% del saldo de la subcuenta. El objetivo es combatir fraudes donde gestores inflan salarios para obtener hasta 32,000 pesos de manera indebida.
La reforma responde a un aumento en los retiros: en 2025, 428,447 trabajadores retiraron 8,238 millones de pesos, muchos manipulados por despachos que cobran hasta 30%. Estos esquemas también reducen semanas cotizadas, afectando futuras pensiones. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) respaldó la medida, destacando que protege los ahorros al eliminar intermediarios y simulaciones. Sin embargo, la reforma elimina la opción de elegir libremente entre modalidades de retiro, lo que antes permitía cierta flexibilidad.
La oposición, aunque apoyó la reforma, criticó su alcance. Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano celebró la protección del ahorro, pero insistió en la necesidad de un seguro de desempleo permanente, ya que los trabajadores recurren a sus Afores por falta de apoyo estatal. El PRI, por su parte, señaló que el gobierno de Morena no ha generado empleos suficientes y acusó un intento de restringir el acceso a recursos propios, aunque respaldó la iniciativa por su claridad contra abusos.
El PAN también apoyó la reforma, calificándola de humanista, pero advirtió que vigilará su implementación para evitar trabas burocráticas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La minuta, turnada al Senado, otorga 180 días al IMSS y a la Consar para ajustar sus procesos. La medida busca equilibrar la protección del ahorro con el acceso a recursos en emergencias, pero ha generado debate sobre si limita excesivamente un derecho laboral.
Este cambio refleja la tensión entre combatir prácticas fraudulentas y garantizar apoyo a los desempleados. Mientras el oficialismo defiende la reforma como una salvaguarda del patrimonio de los trabajadores, la oposición insiste en que no resuelve la raíz del problema: la falta de empleos dignos y un seguro de desempleo integral. El Senado tendrá la última palabra en este ajuste al sistema de pensiones.
