En Coatzacoalcos, Veracruz, autoridades federales descubrieron una minirrefinería clandestina operando bajo la fachada de Energía Ecorenovable S.A. de C.V., una supuesta empresa de reciclaje de residuos peligrosos. La instalación, ubicada a pocos kilómetros de Pemex, procesaba entre 16,667 y 33,333 barriles diarios de crudo, generando hasta un millón de litros de combustible mensual. Sin embargo, la gobernadora Rocío Nahle afirmó convenientemente que no era una minirrefinería, sino una simple «mezcladora», en un aparente intento por controlar la narrativa y minimizar la gravedad del hallazgo.
La minirrefinería, activa por más de cuatro años, contaba con un sistema de destilación rudimentario pero efectivo, operado por personal especializado en petroquímica. Funcionaba principalmente de noche con entre cinco y diez trabajadores por turno, produciendo diésel artesanal, nafta ligera y combustóleo ligero. Carecía de permisos de la Secretaría de Energía y representaba un riesgo ambiental significativo, evidenciando fallas en la supervisión del sector energético.
El operativo, liderado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, decomisó más de 500 mil litros de crudo, pero no se reportaron detenciones, lo que levanta sospechas sobre posibles protecciones a la red ilegal. Se estima que la instalación costó millones de dólares y estaba vinculada a cárteles, extrabajadores de Pemex y empresas fantasma, causando pérdidas anuales de hasta 9 mil millones de dólares al país.
Nahle aseguró que el gobierno estatal desconocía la operación, ya que la Fiscalía General de la República coordinó el operativo sin informar a las autoridades locales. Su insistencia en llamarla «mezcladora» ha generado críticas, pues se percibe como un intento de suavizar el impacto político de un escándalo que expone la vulnerabilidad del sector energético ante el crimen organizado.
Este caso pone en evidencia los retos para combatir el huachicol y garantizar la seguridad energética en Veracruz. Mientras la Refinería Olmeca (Dos Bocas) busca fortalecer la independencia energética, la operación de minirrefinerías clandestinas y el control de la narrativa por parte de autoridades como Nahle subrayan la complejidad de erradicar el robo de combustible y las redes ilícitas en México.
