La intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre presunto lavado de dinero, no es solo una medida de control, sino un reconocimiento tardío de la vulnerabilidad del sistema financiero mexicano frente al crimen organizado. Esta acción, tomada el 27 de junio de 2025, responde a una acusación que vincula a estas instituciones con el blanqueo de millones de dólares para cárteles mexicanos, incluyendo el tráfico de fentanilo, un problema que ha sido ignorado o minimizado por las autoridades mexicanas durante años. Sin embargo, la intervención llega demasiado tarde, después de que el daño a la reputación de México como socio financiero internacional ya esté hecho, y expone la incapacidad del gobierno para actuar proactivamente contra la corrupción sistémica.
La decisión de la CNBV, aunque necesaria, es un parche a un problema estructural mucho más profundo. Las acusaciones del Tesoro de EE.UU. detallan cómo estas entidades, propiedad de Alfonso Romo, un hombre cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), facilitaron operaciones ilícitas durante años, aprovechando la debilidad regulatoria y la impunidad que caracteriza al sistema financiero mexicano. La intervención no solo afecta a estas instituciones, sino también a la confianza de inversionistas nacionales e internacionales, quienes ahora cuestionan la solidez y la integridad del sector. Esto no es un isolated incident, sino parte de un patrón donde el crimen organizado ha penetrado profundamente en el tejido financiero del país, y las autoridades han respondido con medidas reactivas en lugar de preventivas.
La cercanía de Romo con AMLO agrega una capa de complejidad, ya que su influencia en el gobierno ha sido significativa, especialmente durante su periodo como jefe de la Oficina de la Presidencia. Esta relación plantea preguntas críticas sobre la supervisión y la ética del gobierno, que ha promocionado una narrativa de austeridad y lucha contra la corrupción, pero que ahora enfrenta acusaciones de complacencia con intereses de elite. La intervención de la CNBV, aunque un paso en la dirección correcta, no aborda el problema de fondo: la impunidad de los poderosos y la falta de accountability en el sector financiero. Mientras las instituciones son intervenidas, Romo permanece en libertad, lo que sugiere que las consecuencias reales para los responsables son mínimas.
Además, esta medida revela la asimetría en las relaciones entre México y EE.UU., donde las decisiones unilaterales de la potencia del norte tienen un impacto inmediato en la economía mexicana, mientras que las respuestas mexicanas son limitadas y tardías. La intervención de la CNBV no solo es una reacción a las presiones externas, sino también un reconocimiento de que México no puede, o no quiere, manejar estos problemas de manera independiente. Esto erosiona la soberanía nacional y refuerza la percepción de México como un país vulnerable a la influencia extranjera, especialmente en temas de seguridad y finanzas.
En conclusión, la intervención de la CNBV en CIBanco, Intercam y Vector es un síntoma de una enfermedad más profunda que afecta al sistema financiero mexicano. Si bien es un paso necesario, llega demasiado tarde y no aborda las raíces del problema: la corrupción sistémica, la impunidad y la falta de regulación efectiva. La cercanía de Romo con AMLO y la falta de acción contra él cuestionan la integridad del gobierno y su compromiso con la justicia. México necesita una transformación radical en su enfoque hacia el lavado de dinero y el crimen organizado, pero la historia reciente sugiere que tal cambio es poco probable. Este incidente no es el fin, sino un comienzo de una crisis que podría redefinir el futuro del sector financiero y la confianza en el gobierno.
