El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató controversia el 1 de julio de 2025 al sugerir, durante la inauguración del centro de detención “Alligator Alcatraz” en los Everglades, Florida, que su próxima tarea podría ser deportar a ciudadanos nacidos en el país. En un discurso, afirmó que algunos delincuentes “no son nuevos en nuestro país, sino viejos” y que “muchos de ellos nacieron aquí”, añadiendo: “También deberíamos echarlos, si quieren saber la verdad, quizá esa sea la próxima tarea en la que trabajemos juntos.” Estas declaraciones, que desafían la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, se suman a su retórica antimigrante y a su propuesta de eliminar la ciudadanía por nacimiento, un derecho constitucional para hijos de inmigrantes nacidos en suelo estadounidense.
El centro “Alligator Alcatraz”, diseñado para albergar a 3,000-5,000 migrantes en un pantano rodeado de caimanes, fue presentado como un modelo para futuras instalaciones de detención. Trump bromeó sobre los riesgos del entorno, diciendo que enseñaría a los detenidos a “huir en zigzag” de los caimanes, lo que generó críticas por su tono deshumanizante. La instalación, respaldada por el gobernador Ron DeSantis, costará 450 millones de dólares anuales y ya enfrenta protestas de activistas ambientales y de derechos humanos, quienes denuncian violaciones ecológicas y condiciones inhumanas.
Organizaciones como la ACLU y R3D han advertido que deportar ciudadanos estadounidenses violaría derechos constitucionales, especialmente la Decimocuarta Enmienda, que garantiza la ciudadanía por nacimiento. Expertos legales, citados por el World Socialist Web Site, comparan la propuesta con prácticas feudales de destierro, calificándola de “inconstitucional” y un ataque a los derechos democráticos. En abril, Trump ya había propuesto enviar ciudadanos condenados por delitos violentos a megacárceles en El Salvador, idea respaldada por Nayib Bukele, pero criticada por violar la Octava Enmienda contra castigos crueles.
La ciudadanía y redes sociales expresan indignación, con protestas en 24 ciudades de EU y hashtags como #NoALaDeportación. México, en respuesta, ha activado el programa “México te Abraza” para apoyar a deportados, incluyendo afiliación al IMSS y la Tarjeta Bienestar Paisano con 2,000 pesos. La administración Trump, liderada por asesores como Stephen Miller, insiste en intensificar deportaciones, con un presupuesto de 160 mil millones de dólares y planes para 100,000 camas de detención, generando temores de una crisis humanitaria. La oposición demócrata y grupos de derechos humanos planean impugnaciones legales, mientras México urge diálogo bilateral para mitigar el impacto.
