El 3 de julio de 2025, el Instituto Nacional Electoral (INE) entregó constancias de mayoría a Eluzai Rafael Aguilar y Madián Sinaí Menchaca Sierra, electas como juezas de distrito en Jalisco durante la elección judicial del 1 de junio. Ambas están vinculadas a la iglesia La Luz del Mundo, cuya cúpula enfrenta acusaciones de abuso sexual, trata de personas y lavado de dinero. Aguilar, jueza penal del distrito 4, obtuvo 62,671 votos (5.91%), mientras Menchaca Sierra, jueza administrativa del distrito 1, logró 43,493 votos (3.5%). La organización Defensorxs señaló a ambas por sus nexos con la iglesia, liderada por Naasón Joaquín García, condenado en Estados Unidos a 16 años y 8 meses por abuso sexual infantil.
Aguilar, hija del obispo Samuel Rafael Quintana, quien ha defendido públicamente a Joaquín García, negó lazos directos con el líder y afirmó: “No tengo ningún vínculo, soy una ciudadana que ganó una elección. Tengo derecho a profesar la religión que elija” (Art. 24 constitucional). Menchaca Sierra, hija del obispo Nicolás Menchaca Tristán, quien asumió el liderazgo tras la condena de Joaquín García, evitó a la prensa saliendo por una puerta trasera del INE. Su detención en 2024 por lesiones culposas en Tlaquepaque, tras chocar contra una motocicleta, y su pasado como asesora legislativa de Morena en Jalisco, alimentan cuestionamientos sobre su idoneidad.
La elección judicial, con una participación del 12-13%, ha sido criticada por irregularidades como el uso de “acordeones” para influir en el voto y reportes de casillas con más del 100% de votación. La organización Defensorxs y víctimas de La Luz del Mundo impugnaron las candidaturas, argumentando que violan el requisito de “buena reputación” y el principio de laicidad del Estado (Art. 130 constitucional), pero el Tribunal Electoral (TEPJF) desestimó las demandas en abril, permitiendo su participación. Audios filtrados revelaron que la iglesia instruyó a sus fieles a votar por candidatos afines, lo que expertos consideran una posible violación de la laicidad.
La ciudadanía y colectivos expresan indignación en redes sociales, con hashtags como #ElecciónJudicial2025, exigiendo un Poder Judicial imparcial y libre de influencias religiosas. Organizaciones advierten que la presencia de juezas ligadas a una iglesia investigada por delitos graves amenaza la confianza en la justicia, mientras Morena y aliados defienden la elección como un avance democrático. Las impugnaciones, que suman más de 300, serán resueltas por el TEPJF antes de que las juezas asuman el 1 de septiembre. El caso reaviva el debate sobre la reforma judicial y la necesidad de garantizar jueces idóneos en un contexto de polarización y cuestionamientos a la laicidad.
