El 10 de julio de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles del 30% a todas las importaciones mexicanas, effective a partir del 1 de agosto, reemplazando el arancel de emergencia del 25% aplicado a productos mexicanos que no cumplen con el T-MEC. La medida, justificada por Trump como respuesta a la falta de acción de México contra el narcotráfico y la migración ilegal, intensifica las tensiones comerciales en un contexto de fragilidad económica. Goldman Sachs, en un análisis liderado por el economista Alberto Ramos, proyecta que el crecimiento del PIB mexicano, estimado en un débil 0.2% para 2025, se verá aún más debilitado por los aranceles, aunque la falta de detalles sobre su implementación impide un cálculo preciso del impacto. Estimaciones iniciales sugieren que un arancel efectivo del 14.24%, según Banco Base, podría reducir el PIB entre 1 y 2 puntos porcentuales, especialmente si México responde con represalias arancelarias.
El comercio bilateral México-Estados Unidos, que superó los 800 mil millones de dólares en 2024, es altamente interdependiente, con cerca del 90% de las exportaciones mexicanas exentas de aranceles bajo el T-MEC. Sin embargo, los nuevos aranceles afectarían sectores clave como la industria automotriz, metales y productos agrícolas, generando presión sobre los exportadores mexicanos y aumentando los costos para los consumidores estadounidenses. La depreciación del peso mexicano, que ha perdido un 17% de su valor en el último año, mitiga parcialmente la pérdida de competitividad, pero la incertidumbre está frenando la inversión privada y el gasto doméstico. Goldman Sachs señala que un aumento de un punto en la tasa arancelaria efectiva podría reducir el PIB mexicano en 0.12 puntos, y una guerra comercial con represalias elevaría la inflación en México en al menos 40 puntos base, obligando al Banco de México a mantener una postura monetaria conservadora.
México ha iniciado negociaciones urgentes en Washington, lideradas por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía, para evitar la aplicación de los aranceles o negociar exenciones. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó confianza en alcanzar un acuerdo, destacando la cooperación existente en seguridad y migración, pero también advirtió que México no aceptará medidas unilaterales que violen el espíritu del T-MEC. Trump, por su parte, ha sugerido que los aranceles podrían escalar si México impone represalias, lo que aumenta el riesgo de una confrontación económica. La revisión del T-MEC, programada para julio de 2026, añade incertidumbre adicional, con Trump ordenando consultas públicas para evaluar el acuerdo antes del 1 de abril.
El sector privado mexicano, representado por la Concanaco, calificó los aranceles de “inútiles, caros y contraproducentes”, mientras que expertos advierten que una recesión, combinada con una menor recaudación fiscal, podría poner en riesgo el grado de inversión de México, actualmente en BBB-/perspectiva estable. La economía mexicana, ya debilitada por la moderación en la inversión pública y el estancamiento del sector servicios, enfrenta un escenario crítico. Las negociaciones en curso serán decisivas para mitigar el impacto de los aranceles y evitar una contracción económica que afecte empleos y cadenas de suministro en ambos lados de la frontera. México debe balancear su respuesta entre la defensa de su soberanía comercial y la necesidad de mantener una relación estratégica con su principal socio comercial.
