El 14 de julio de 2025, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que presentará una demanda por difamación en México contra Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras sus declaraciones en el marco de la audiencia de culpabilidad de Guzmán el 11 de julio en Estados Unidos. Lichtman afirmó que las críticas de Sheinbaum a un acuerdo entre Guzmán y las autoridades estadounidenses, que no incluyó al gobierno mexicano, eran “absurdas” y sugerían insatisfacción porque México no fue consultado, a pesar de calificar a los cárteles como “organizaciones terroristas”. Sheinbaum, desde Culiacán, Sinaloa, donde inauguraba un área de quemados en un hospital pediátrico, declaró: “Vamos a presentar una demanda por difamación en México, porque no se puede dejar pasar”, reafirmando que no entablará diálogo con abogados de narcotraficantes.
Este episodio evoca un precedente en febrero de 2023, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) amenazó con demandar por daño moral a César de Castro, abogado de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Durante el juicio de García Luna en una corte de Nueva York, De Castro intentó vincular a AMLO con el narcotráfico, preguntando a Jesús “El Rey” Zambada, testigo clave, si había pagado siete millones de dólares para una campaña de AMLO contra Vicente Fox, a lo que Zambada respondió negativamente, aclarando que nunca fueron rivales electorales. AMLO calificó al abogado como “falsario” y “calumniador”, argumentando que difamar al presidente de México era inaceptable. “No es sólo Andrés Manuel, es el presidente de México y no puede cualquiera, y menos un extranjero, poner en tela de juicio la integridad”, dijo, prometiendo donar cualquier indemnización a huérfanos de la guerra contra el narco. Sin embargo, en mayo de 2023, AMLO descartó la demanda tras consultar con abogados, quienes le informaron que las leyes estadounidenses protegen a los abogados de acusaciones por difamación o daño moral, citando jurisprudencia que garantiza su inmunidad profesional.
La controversia actual se enmarca en un contexto de tensiones bilaterales, agravadas por acusaciones de nexos con el narcotráfico contra AMLO y su administración. En septiembre de 2024, García Luna, desde prisión, afirmó en una carta que existían audios, videos y registros que vinculaban a AMLO y sus operadores con narcotraficantes, sin presentar pruebas. Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a la casa de bolsa Vector, ligada a Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia de AMLO, de transacciones por 40 millones de dólares con García Luna, intensificando las sospechas de colusión. Sheinbaum ha defendido la “autoridad moral” de AMLO, mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de Pablo Arrocha, rechazó las declaraciones de Lichtman como provocaciones de un abogado de un “narcotraficante confeso”, insistiendo en la cooperación México-Estados Unidos en casos como la extradición de Ismael “El Mayo” Zambada.
La postura de Sheinbaum refleja una continuidad con la estrategia de AMLO de confrontar públicamente acusaciones que cuestionen la integridad del gobierno, aunque enfrenta desafíos legales similares a los de su antecesor. Las leyes mexicanas permiten demandas por difamación, a diferencia de Estados Unidos, pero la efectividad de la querella contra Lichtman dependerá de la jurisdicción y la evidencia presentada. La controversia subraya las tensiones entre México y Estados Unidos en materia de narcotráfico, especialmente tras la declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán por tráfico de drogas y liderazgo en el Cártel de Sinaloa, así como las críticas de Sheinbaum a la falta de transparencia en acuerdos con capos. Mientras tanto, las acusaciones de “narcoabogados” y las respuestas de ambos gobiernos alimentan un debate sobre la soberanía, la cooperación bilateral y la lucha contra la impunidad en un contexto de creciente presión política desde Washington.
