El 19 de julio de 2025, el Departamento de Transporte de Estados Unidos, liderado por Sean P. Duffy, anunció sanciones contra México por violar el Acuerdo de Transporte Aéreo bilateral de 2015, acusando al país de prácticas anticompetitivas que han generado pérdidas millonarias a aerolíneas estadounidenses. Según Duffy, desde 2022, México rescindió abruptamente franjas horarias (slots) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y obligó a aerolíneas de carga a reubicarse al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), lo que alteró la competencia y generó costos adicionales. Las sanciones, enmarcadas en la política “América Primero” de Donald Trump, buscan presionar a México para corregir estas medidas, que EE.UU. considera una distorsión del mercado aéreo bilateral, uno de los más activos globalmente.
Las medidas incluyen tres acciones concretas: primero, las aerolíneas mexicanas deben presentar sus horarios de vuelo al Departamento de Transporte para operaciones en EE.UU. (Orden Parte 213); segundo, los vuelos chárter de pasajeros o carga requerirán aprobación previa del Departamento (Orden Parte 212); y tercero, se propone revocar la inmunidad antimonopolio de la alianza Delta-Aeroméxico, limitando su capacidad para coordinar precios y rutas, aunque podrían mantener códigos compartidos. Estas restricciones podrían reducir la competitividad de aerolíneas mexicanas y afectar el flujo de pasajeros y carga, especialmente en rutas clave como Ciudad de México-Los Ángeles. Duffy también acusó a la administración de Biden de permitir estas violaciones, destacando que las sanciones son una “advertencia” a otros países.
México enfrenta críticas por decisiones que, según EE.UU., priorizan el AIFA, un proyecto impulsado por el gobierno de López Obrador, sobre la infraestructura del AICM, congestionada y limitada por la construcción de la refinería de Dos Bocas. Usuarios en redes sociales, como @JJDiazMachuca, han señalado que estas políticas buscan “darle vida artificial” al AIFA, mientras aerolíneas mexicanas como Mexicana de Aviación enfrentan dificultades financieras, con pérdidas de 1,251 millones de pesos en 2024 y una demanda de 841 millones de dólares por incumplimiento de contrato con SAT Aero Holdings. La falta de transparencia en la asignación de slots y la reubicación forzada han generado tensiones comerciales, con México exportando 1,200 millones de dólares en servicios aéreos a EE.UU. en 2024.
El gobierno de Claudia Sheinbaum no ha respondido oficialmente, pero la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, negocia un “acuerdo global” con EE.UU. para abordar temas de comercio, seguridad y migración, tras conversaciones en la cumbre del G7. Las sanciones aéreas podrían complicar estas negociaciones, especialmente en un contexto de aranceles del 25% al 30% aplicados por Trump a exportaciones mexicanas fuera del TMEC, que hasta mayo de 2025 recaudaron solo un 4.3% efectivo. La tensión bilateral refleja un desafío para México: equilibrar su soberanía en políticas aeroportuarias con la presión de EE.UU. para mantener un mercado aéreo competitivo, mientras el sector enfrenta un impacto económico directo.
