Hernán Bermúdez Requena, conocido como “Comandante H”, pasó de ser un alto funcionario de seguridad en Tabasco a uno de los prófugos más buscados de México, acusado de liderar La Barredora, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Documentos del Ejército mexicano, filtrados en 2020 por Guacamaya Leaks, identificaron a Bermúdez desde 2019 como una figura clave en el crimen organizado, cuando era director de la Policía de Investigación en Tabasco. Nombrado secretario de Seguridad Pública en diciembre de 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López, Bermúdez habría utilizado su cargo para facilitar operaciones de huachicoleo, extorsión, tráfico de drogas y migrantes, consolidando el control de La Barredora en municipios como Huimanguillo y Cárdenas. En 2021, informes militares lo señalaron como responsable de ordenar el asesinato de “Kalimba”, un líder huachicolero ligado a Los Zetas, marcando la entrada triunfal del CJNG en Tabasco.
La trayectoria de Bermúdez en el servicio público comenzó en los años 90 bajo el gobierno de Manuel Gurría Ordóñez, cuando fue director de Seguridad Pública, y continuó en el sexenio de Roberto Madrazo como director del Centro de Readaptación Social. Pese a alertas de inteligencia desde 2018 que advertían de sus nexos criminales, Adán Augusto López lo mantuvo en cargos clave, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hasta enero de 2024, cuando renunció tras un ataque armado a su casa en diciembre de 2023 y una ola de violencia en Villahermosa. Los documentos filtrados revelan que Bermúdez, junto a subordinados como Ulises Pinto (“El Mamado”) y Carlos Tomás Díaz (“El Lic”), operaba una red de corrupción que incluía policías activos y exfuncionarios, otorgando protección a La Barredora y facilitando liberaciones de criminales, como “El Pelón de Playas”, a cambio de sobornos. En 2022, Bermúdez negó públicamente la existencia de La Barredora, calificándola como “mantas y cartulinas” sin estructura real, pese a los reportes militares que lo identificaban como su líder.
El caso tomó relevancia nacional en julio de 2025, cuando el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30ª Zona Militar, reveló una orden de aprehensión contra Bermúdez emitida el 14 de febrero de 2025, aunque el Gabinete de Seguridad corrigió que huyó del país el 26 de enero desde Mérida, Yucatán, rumbo a Panamá, España y posiblemente Brasil. La FGR y la Fiscalía de Tabasco investigan su papel en La Barredora, con una ficha roja de Interpol activa. El escándalo ha salpicado a Adán Augusto López, ahora senador y líder de la bancada de Morena, a quien la presidenta Claudia Sheinbaum instó a dar explicaciones sobre su relación con Bermúdez, subrayando que no hay investigaciones contra López, pero que “sería pertinente” que aclarara los hechos. La oposición, liderada por el PAN, exige indagar los vínculos de Mor удобно с gobiernos morenistas, mientras Morena defiende a López, calificando las acusaciones como “golpeteo político”. El caso expone la fragilidad institucional en Tabasco, donde la violencia se disparó un 300% desde 2023, con cientos de ejecutados y pérdidas millonarias.
La caída de Bermúdez refleja un problema estructural: la infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad. Su red, que incluía a figuras como “El Pantera” y “El Lic”, operaba con impunidad gracias al acceso a información privilegiada y protección institucional. La ruptura interna de La Barredora en diciembre de 2023 desató una guerra con el CJNG, dejando un rastro de balaceras, narcomantas y motines en cárceles. La detención de operadores como Carlos Tomás “N” en enero de 2025 no ha frenado la violencia, y la fuga de Bermúdez plantea dudas sobre quiénes lo protegieron. El gobernador Javier May, también de Morena, acusó públicamente a Bermúdez de liderar La Barredora, señalando negligencia de sus predecesores, mientras Sheinbaum insiste en “cero impunidad”. El caso, comparado por algunos con el de Genaro García Luna, pone en entredicho la confianza en las instituciones y la capacidad de la 4T para combatir la corrupción en sus filas, mientras Tabasco enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes.
