En la mañana del miércoles 6 de agosto, autoridades migratorias implementaron una acción encubierta afuera de un Home Depot en el barrio de Westlake, Los Ángeles. Un camión de mudanza fingió ofrecer trabajo, y de inmediato agentes armados salieron del vehículo para arrestar a trabajadores migrantes. Al menos 16 personas fueron detenidas, según reportes difundidos en medios locales.
El comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, bautizó la operación como “Operación Caballo de Troya” y compartió imágenes en redes sociales celebrando el operativo. A su vez, el fiscal federal interino Bill Essayli enfatizó que “la aplicación de la ley federal no es negociable” y que “no existen santuarios” que estén fuera del alcance federal.
La empresa de transporte Penske, propietaria del camión, declaró que no fue informada del uso de la unidad en este tipo de operativos y que prohíbe estrictamente el transporte de personas en zonas de carga de sus vehículos.
El operativo tuvo lugar bajo una restricción judicial vigente que prohíbe operaciones itinerantes y detenciones basadas en apariencia, idioma o ubicación —indicadas como indicios de perfilamiento racial—, como ha subrayado la ACLU.
Activistas, abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que este tipo de prácticas erosionan la seguridad y confianza de las comunidades migrantes, llegando al punto de describirlas como un asalto contra sus libertades civiles.
