El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje, señalando a 30 de las 32 entidades de México como riesgosas por “violencia terrorista”, delincuencia y secuestros, dejando solo a Campeche y Yucatán como destinos seguros. Esta advertencia, emitida el 12 de agosto de 2025, clasifica a estados como Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas en el nivel 4 de “no viajar” debido a enfrentamientos entre cárteles, homicidios y extorsiones, mientras que otros como Baja California, Chihuahua y Chiapas están en nivel 3, instando a reconsiderar viajes. Más allá de la narrativa alarmista, esta alerta refleja una visión unilateral que etiqueta al crimen organizado mexicano como terrorismo, ignorando la complejidad de un problema alimentado por factores binacionales como el tráfico de armas desde EU y la demanda de drogas, lo que perpetúa un estigma que afecta la percepción global de México.
La inclusión de “violencia terrorista” como motivo de alerta, un término usado por primera vez para casi todo el país, sugiere una escalada retórica de EU que podría justificar políticas más duras, como sanciones o intervenciones, en un contexto donde la administración de Donald Trump presiona a México con amenazas arancelarias. Sin embargo, esta clasificación minimiza el papel de EU en la dinámica del crimen organizado, ya que el flujo de armas y la demanda de narcóticos desde el norte son pilares clave de la violencia que critica. Estados como Chiapas, recién añadido al nivel 3 por enfrentamientos y migración, muestran cómo la inseguridad trasciende el narcotráfico, pero la alerta no aborda cómo las políticas migratorias de EU contribuyen a estas tensiones, desviando la responsabilidad únicamente hacia México.
La alerta también impone restricciones estrictas a empleados gubernamentales de EU, prohibiéndoles viajar entre ciudades de noche, usar taxis no regulados o conducir desde la frontera hacia el interior, salvo en rutas específicas. Este enfoque estatalizado, que evalúa a México por regiones en lugar de como un todo, revela una preocupación granular por la seguridad, pero también expone la incapacidad de ambos gobiernos para coordinar estrategias efectivas contra el crimen organizado. En lugar de soluciones integrales, como desmantelar redes de lavado de dinero o regular el mercado de drogas, la alerta refuerza un ciclo de advertencias que dañan el turismo y la inversión en México, mientras los cárteles se benefician de la descoordinación bilateral y la corrupción interna.
Desde una perspectiva crítica, la alerta no solo estigmatiza a México, sino que también pone en evidencia la hipocresía de un sistema donde EU se presenta como árbitro moral sin asumir su corresponsabilidad. La designación de cárteles como organizaciones terroristas, mencionada en redes sociales, amplifica el discurso de seguridad nacional de EU, pero no ofrece soluciones prácticas para las comunidades mexicanas atrapadas en la violencia. Mientras Campeche y Yucatán se presentan como excepciones, la realidad es que la inseguridad es un problema sistémico que no se resuelve con alertas, sino con cooperación genuina y políticas que ataquen las causas estructurales, no solo sus síntomas.
