El desplome de un elevador en Plaza Mítikah, en la colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez, el 12 de agosto de 2025, dejó un saldo de dos personas heridas –un hombre de 47 años y una mujer de 60– con lesiones en cabeza, cervicales, posibles fracturas y contusiones múltiples. Según reportes, el elevador sufrió tres detenciones bruscas antes de caer, lo que llevó a Protección Civil a establecer un perímetro de seguridad, desalojar el inmueble y suspender actividades hasta nuevo aviso. La alcaldía exige cartas responsivas de un Director Responsable de Obra (DRO) en materia estructural y de instalaciones, evidenciando posibles fallos en el mantenimiento o supervisión. Sin embargo, un análisis crítico sugiere que este incidente no es aislado, sino un reflejo de las laxas revisiones de seguridad en centros comerciales que priorizan la operación sobre la prevención.
Desde un ángulo menos evidente, la suspensión indefinida de Plaza Mítikah podría interpretarse como una medida de contención política más que una acción puramente técnica. La rápida intervención de la alcaldía y la apertura de una carpeta de investigación por lesiones culposas por parte de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX buscan proyectar control en un contexto donde el “cártel inmobiliario” –como lo han señalado algunos en redes sociales– es un tema sensible. La falta de detalles sobre las causas del desplome, como posibles defectos en el diseño o negligencia en el mantenimiento, alimenta especulaciones sobre si la suspensión es un castigo ejemplar o una respuesta insuficiente frente a problemas estructurales más amplios en desarrollos comerciales de la ciudad.
Un punto de vista crítico cuestiona la efectividad de las regulaciones actuales para garantizar la seguridad en espacios de alta afluencia. Aunque la alcaldía Benito Juárez actuó con celeridad, la exigencia de cartas responsivas tras el incidente sugiere que las inspecciones previas pudieron ser insuficientes. Este caso recuerda otros accidentes recientes, como el desplome de un elevador en un edificio de la colonia Escandón en abril de 2025, lo que apunta a una problemática sistémica en la supervisión de infraestructuras. La narrativa oficial de proteger a los ciudadanos choca con la realidad de un sector inmobiliario que, en su afán por maximizar ganancias, podría estar descuidando protocolos esenciales de seguridad.
Finalmente, el cierre de Plaza Mítikah, aunque necesario, no resuelve las preguntas de fondo sobre la responsabilidad corporativa y la regulación urbana. La suspensión, respaldada por el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) con sellos de clausura, busca garantizar que se corrijan las fallas, pero no aclara plazos ni medidas preventivas a largo plazo. Un enfoque objetivo sugiere que, sin una reforma en las políticas de inspección y mantenimiento, incidentes como este seguirán ocurriendo, afectando no solo a usuarios, sino también a la confianza en los espacios comerciales. Este accidente no es solo una tragedia aislada, sino un llamado a replantear cómo se prioriza la seguridad en el desarrollo urbano de la Ciudad de México.
