En su primer día al frente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, abogado indígena mixteco electo con amplio respaldo oficialista, presentó un programa de austeridad decidida bajo el sello de la “austeridad republicana” promovida por Andrés Manuel López Obrador. Entre las medidas más destacadas anunció que los sueldos de jueces, magistrados y ministros se ajustarán por debajo del salario de la presidenta Claudia Sheinbaum, estimando un ahorro operativo de 300 millones de pesos anuales. Además, mencionó la revisión de pensiones vitalicias y prestaciones para ministros retirados, con lo que se anticipa otro recorte significativo de 800 millones de pesos.
El plan no se limita a sueldos y pensiones. Aguilar adelantó también recortes en seguros médicos, jubilaciones anticipadas y otros privilegios que habían sido aprobados por cortes anteriores, señalando que estas reformas son necesarias para equiparar la función judicial con los estándares de austeridad exigidos al Ejecutivo. La instrumentación recaerá en el Órgano de Administración Judicial (OAJ), controlado mayoritariamente por figuras cercanas al gobierno, aunque de acuerdo con la ley mantiene autonomía formal; queda por verse cuánta resistencia o colaboración enfrentará en la práctica.
Si bien el gobierno presenta estas reformas como un acto de justicia social y responsabilidad fiscal, analistas y funcionarios judiciales han comenzado a cuestionar el impacto en la independencia del Poder Judicial. Algunos ya recurrieron a amparos para evitar los ajustes salariales y sostienen que estas políticas podrían socavar la separación de poderes y reducir incentivos para el servicio público judicial.
