En el corazón de Ciudad Universitaria, donde las banderas de la UNAM ondean como recordatorio de una autonomía que hoy se tambalea, el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur (CCH Sur) permanece clausurado desde el 22 de septiembre de 2025, tras el apuñalamiento mortal de un estudiante de 16 años por otro de 19, un incidente que ha escalado a un paro generalizado en al menos 10 planteles bachillerato de la universidad, con miles de alumnos sin clases y marchas que convergen en la Rectoría exigiendo protocolos de seguridad que vayan más allá de comunicados. El rector Leonardo Lomelí Vanegas, en un mensaje del 23, convocó a la Subcomisión de Bachillerato para revisar medidas inmediatas, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum anunció cooperación federal vía Segob, reconociendo el «doloroso ataque directo» que dejó un muerto, un trabajador herido y al agresor —quien se lanzó de un edificio, fracturándose piernas— bajo custodia en un hospital. Esta ola de indignación, que inició con el desalojo del plantel y la apertura de carpetas por homicidio calificado y lesiones dolosas por la FGJ-CDMX, no solo cuestiona la vigilancia en un campus con 13 mil estudiantes, sino que expone un clima de inseguridad crónica donde, según denuncias virales en redes, las agresiones provienen no solo de externos, sino de docentes y compañeros, un ciclo que la Fundación Redim estima afecta a 1,470 menores desaparecidos o violentados en 2025, recordándonos que en la Máxima Casa de Estudios, la violencia escolar no es anécdota, sino arquitectura de un sistema que, pese a senderos seguros implementados en 2018, falla en prevenir lo imprevisible.
La expansión del paro, que el 23 de septiembre unió a estudiantes del CCH Oriente, Azcapotzalco y Naucalpan en una «marcha ruidosa» hacia Rectoría —convocada por colectivos como «Tlacuaches Encapuchados del Sur»—, transforma un duelo individual en un reclamo colectivo por «paz y cese a la violencia», con consignas que exigen expulsión de «porros» y anarquistas, un eco del movimiento de 2018 que paralizó 44 planteles tras agresiones similares en CU. Sin embargo, en asambleas y lives de Instagram, alumnos denuncian un doble filo: mientras la legítima demanda por vigilancia —reforzada por la SEP y la SSC-CDMX con patrullajes— avanza, surgen testimonios de amenazas anónimas en WhatsApp y TikTok, donde supuestos grupos anarquistas infiltrados advierten «consecuencias» a quienes intenten retomar clases, un patrón que, según un estudiante en video de Infobae, incluye intimidaciones de «compañeros encapuchados» que «sembran miedo para radicalizar el paro». Esta tensión interna, que la UNAM no ha abordado públicamente más allá de condenar la agresión inicial, bordea lo paradójico: en un plantel donde el 40% de alumnos reporta inseguridad percibida según encuestas internas de 2024, el movimiento contra la violencia podría autoalimentarse con dinámicas que, de confirmarse, convierten barricadas en barreras, recordándonos que en la UNAM, donde el 70% de agresiones escolares quedan impunes per datos de la FGJ, los reclamos puros coexisten con sombras que diluyen su pureza.
Lo perspicaz de esta crisis radica en su reflejo de fracturas más amplias: mientras Sheinbaum, egresada del CCH Sur, ofrece apoyo logístico y psicológico a familias —incluyendo la del fallecido Jesús Israel «N»—, la ausencia de diálogo directo con Lomelí, quien rechazó una reunión inmediata por «imposibilidad», genera murmullos en foros estudiantiles sobre «desconexión institucional», un vacío que colectivos como Voces de Vallejo —eco de cierres por encapuchados en marzo de 2025— llenan con llamados a «ni porros ni anarquistas». En redes, donde #JusticiaCCHSur acumula 50 mil menciones, videos de amenazas —como «quien cruce la barricada, paga»— circulan sin verificación, un terreno fértil para especulaciones que, según analistas en La Jornada, podrían escalar a paros indefinidos si la Subcomisión no entrega resultados en 48 horas. Esta dualidad, donde el paro legítimo por un «ataque planeado» —con perfiles del agresor Lex Ashton llenos de textos ominosos como «la escoria recoge basura»— se entreteje con miedos a radicales, invita a una seriedad inquebrantable: en un México con 200 agresiones escolares anuales según la SSC, la UNAM no solo debe blindar accesos, sino desarmar dinámicas internas que convierten aulas en arenas, un recordatorio sarcástico de que, en la lucha por seguridad, el enemigo a veces porta credencial universitaria.
Al final, el paro en CCH Sur y sus réplicas no es mero cierre de aulas, sino un llamado que obliga a la UNAM a tejer no solo protocolos, sino puentes con una comunidad de 13 mil almas que, entre ofrendas florales y marchas ruidosas, exige un campus donde la ciencia florezca sin miedo a la navaja. Mientras la FGJ pericia el arma blanca y la Segob se acerca a familias, esta crisis dibuja un horizonte donde la autonomía universitaria coquetea con la vulnerabilidad, cuestionando sin alzar la voz si, en un plantel que forma líderes, el verdadero examen no es académico, sino el de una seguridad que proteja no solo de externos, sino de las sombras que acechan en los pasillos propios.
