A once años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la protesta estudiantil y de familiares alcanzó un nuevo punto de confrontación: el Campo Militar 1, símbolo del poder castrense y de los archivos que permanecen bajo llave. Normalistas derribaron con un camión la puerta principal del recinto y lanzaron explosivos caseros, en un acto que no solo buscó romper rejas metálicas, sino evidenciar lo que ellos llaman el muro de silencio que el Ejército mantiene desde 2014. La acción, lejos de un estallido espontáneo, fue un gesto cargado de simbolismo: la furia que no ha sido aplacada por las promesas de justicia.
Madres y padres de los desaparecidos encabezaron un mitin frente a las instalaciones, denunciando que la Sedena aún retiene alrededor de 800 folios con información crucial para esclarecer el caso. El reclamo no es nuevo, pero se agudiza con cada aniversario: la demanda de acceso pleno a los archivos militares sigue siendo el eje central de la lucha. Los familiares insisten en que mientras esa información no se abra, cualquier narrativa oficial sobre avances en las investigaciones seguirá siendo incompleta y poco creíble. El contraste entre la opacidad castrense y la exigencia civil volvió a estallar, esta vez con la imagen de un portón militar reducido a fierros retorcidos.
El episodio refleja la paradoja del caso Ayotzinapa: informes oficiales, comisiones de la verdad y discursos políticos que hablan de “compromiso” conviven con una realidad en la que el Ejército permanece como actor intocable. La violencia simbólica contra el Campo Militar 1 mostró tanto la desesperación estudiantil como el agotamiento de las familias ante una década de respuestas parciales, expedientes inconclusos y responsabilidades que se diluyen en el aparato estatal. El choque del camión fue más que un acto de rabia: fue una metáfora de cómo la justicia tropieza una y otra vez con los muros de la institución armada.
La conmemoración continuará con una marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, donde el grito de los padres volverá a resonar: sin verdad y sin justicia, no hay reconciliación posible. Once años después, el dolor sigue intacto y la exigencia de rendición de cuentas apunta al mismo lugar: los cuarteles donde, según las familias, se guardan las claves de una de las tragedias más oscuras de la historia reciente de México.
