El presidente Donald Trump comentó recientemente en la Casa Blanca que podría reubicar partidos de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos si considera que las ciudades anfitrionas “no son seguras”. Su mirada fija recayó sobre Seattle y San Francisco, gobernadas por demócratas, a quienes criticó fuertemente por lo que calificó de ingobernabilidad. Aunque la autoridad para mover sedes depende de la FIFA y de los comités organizadores, la declaración política siembra dudas sobre la estabilidad del torneo y la influencia estadounidense en su propia coorganización. (Reuters)
Trump señaló que no tolerará sedes que él juzgue “incluso un poco peligrosas” y afirmó que haría cambios si es necesario. En paralelo, se ha desplegado una narrativa de “seguridad” que justifica su intervención: recordó el envío de la Guardia Nacional a Washington bajo la premisa de combatir la delincuencia, y sugirió que podría hacer lo mismo en otras ciudades para garantizar la integridad del evento. (Reuters)
Pero ese discurso entra en un territorio delicado: por un lado, muestra un conflicto directo entre el poder presidencial y las alcaldías locales, especialmente donde los gobiernos no cooperan con sus políticas migratorias o de seguridad. Por otro, arrastra al fútbol a la arena política, introduciendo una condición tácita: la lealtad urbana como criterio para merecer albergar partidos. Mientras tanto, la FIFA —organismo con la última palabra sobre las sedes— no ha confirmado cuál será su respuesta a esta presión. (Reuters)
El episodio revela dos capas de tensión: la deportiva, con el riesgo de trastocar logística, contratos y expectativas de millones de aficionados; y la institucional, con la pugna por definir quién tiene control sobre los grandes eventos. Cuando la seguridad se convierte en excusa para reordenar geografías políticas del deporte, el Mundial deja de ser solo fútbol. Así, la amenaza de Trump no es un “detalle más”: es una advertencia sobre quién manda también en la cancha.
