El 24 de septiembre, a 130 kilómetros de la costa de Gaza, buques de la Armada israelí interceptaron a la Global Sumud Flotilla (GSF) —barcos Alma, Sirius, Adara y Yulara— deteniendo a 52 activistas, entre ellos Greta Thunberg. El argumento oficial fue que las embarcaciones ingresaban a una “zona de combate activa”, pero la GSF denunció sabotajes a comunicaciones, embestidas deliberadas y cañones de agua usados contra Yulara, en lo que describen como un patrón de hostigamiento.
Israel difundió imágenes de Thunberg recibiendo agua de un soldado y aseguró que los detenidos estaban “sanos y salvos”, prometiendo que la ayuda —medicinas, fórmula infantil, insumos médicos— llegaría a Gaza por “canales apropiados”. Sin embargo, las organizaciones acusan que tales eufemismos encubren un bloqueo ilegal que ha aislado a 2.3 millones de gazatíes durante dos años de guerra que, según la ONU, ha dejado más de 41 mil muertos.
El episodio no es aislado: en mayo, drones dañaron el barco Conscience en Malta, y la memoria de la flotilla de 2010, en la que murieron nueve activistas turcos, sigue pesando. Con más de 500 participantes de 52 países —entre ellos la eurodiputada Rima Hassan y el actor Liam Cunningham—, la misión se volvió blanco de acusaciones: Israel la vinculó a Hamás, mientras la GSF calificó esa versión de “propaganda”.
La ironía es evidente: en un Mediterráneo que registra 500 migrantes ahogados al mes según ACNUR, un convoy con fórmula infantil es considerado “provocación”. Para críticos y observadores internacionales, el abordaje no refleja seguridad, sino la intención de deslegitimar gestos humanitarios que ponen en evidencia el aislamiento de Gaza. Lo que se juega en estas aguas no es solo la entrega de suministros, sino la narrativa de un conflicto que convierte barcos civiles en piezas de propaganda y deja claro que, en este tablero, el verdadero naufragio es el de la empatía internacional.
