La narrativa oficial lo pinta así: los aranceles que Donald Trump impone a México son injustos, dañan a trabajadores y empresas, y deben combatirse. Pero cuando en México se aplican nuevos gravámenes a refrescos, alcohol o productos procesados, entonces se convierten en “impuestos saludables”, un sacrificio necesario que, en teoría, salva vidas y mejora la recaudación. La contradicción es tan evidente que raya en la hipocresía.
En ambos casos el efecto es el mismo: consumidores y pequeños negocios cargan con el costo. Los aranceles de Trump encarecen exportaciones y golpean a sectores enteros de la economía mexicana. Los impuestos locales, aunque se anuncien con el ropaje de políticas de salud pública, se traducen en precios más altos en la tiendita de la esquina, caída en ventas y un impacto directo en el bolsillo de millones de familias.
La diferencia está en la narrativa política. Cuando se trata de medidas externas, el discurso nacionalista se activa: son ataques injustificados al país. Pero si la decisión viene del propio Congreso, entonces se celebra como un avance social. El problema no es el origen del impuesto, sino el resultado: menos margen para los comerciantes, más gasto para los consumidores y una recaudación que pocas veces se traduce en hospitales mejor equipados o programas efectivos de prevención.
El doble rasero revela un cinismo incómodo: lo que afuera se llama proteccionismo, adentro se maquilla como bienestar. Lo que no cambia es quién paga la factura: el mismo ciudadano que ya enfrenta inflación, inseguridad y salarios que no alcanzan. Entre muros fiscales y “impuestos saludables”, la política sigue demostrando que no hay carga tan pesada que no termine sobre los hombros de la gente común.
