La Cámara de Diputados avaló cambios a la Ley Aduanera que, según el gobierno, buscan modernizar el comercio exterior, pero que críticos consideran un nuevo paso hacia la centralización del poder económico y militar en las aduanas.
La Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma a la Ley Aduanera, una iniciativa que promete “agilizar y fortalecer” el comercio exterior, pero que en la práctica refuerza el control gubernamental sobre la operación de las aduanas.
La reforma contempla nuevas facultades para la Agencia Nacional de Aduanas de México, que ahora podrá intervenir de forma directa en procesos de revisión, almacenamiento y fiscalización de mercancías, además de ampliar su coordinación con las Fuerzas Armadas, que desde 2021 ya tienen presencia en la mayoría de las aduanas del país.
El argumento oficial es claro: combatir la corrupción y el contrabando. Pero detrás del discurso de “seguridad nacional”, crecen las preocupaciones sobre la falta de transparencia y rendición de cuentas en un sistema que concentra cada vez más poder en manos del Ejecutivo.
Expertos en comercio internacional advierten que la medida podría ralentizar los procesos de importación y exportación, afectar a pequeñas empresas y aumentar los costos operativos para los sectores productivos, mientras las decisiones estratégicas quedan sujetas a mandos militares o administrativos sin contrapesos claros.
En un país donde las aduanas son la puerta de entrada y salida del comercio, la pregunta que flota es inevitable: ¿estamos modernizando el sistema o construyendo un muro burocrático con uniforme?
