Mientras el discurso oficial promete acabar con los privilegios, el senador morenista Carlos Lomelí Bolaños parece haber encontrado la fórmula perfecta para prosperar dentro del sistema que juró transformar. Su red de empresas farmacéuticas —la misma que en sexenios anteriores fue investigada por conflictos de interés— ha recibido millonarios contratos del actual gobierno, consolidando lo que ya se conoce en los pasillos políticos como “el boticario de la 4T”.
Según documentos oficiales, las compañías vinculadas al legislador jalisciense han suministrado medicamentos y material médico a instituciones públicas durante los últimos meses, con contratos que suman cientos de millones de pesos. El esquema se repite: licitaciones con pocos competidores, adjudicaciones directas y una concentración de negocios que contradice la narrativa de transparencia y competencia justa.
Lomelí, que en el pasado fue superdelegado federal en Jalisco y ha sido señalado por su cercanía con altos funcionarios del partido en el poder, defiende que sus empresas “cumplen la ley”. Pero la coincidencia entre su posición política y su prosperidad empresarial retrata una de las contradicciones más visibles del régimen: la lucha contra la corrupción que se vuelve selectiva según quién firme los contratos.
El caso del senador evidencia cómo el nuevo gobierno, pese a su retórica de limpieza, mantiene los viejos hábitos de premiar a los suyos con dinero público. En tiempos donde la escasez de medicamentos sigue afectando a hospitales del país, ver cómo un legislador convierte su influencia en negocio resulta más que una ironía: es una señal de que la 4T ya tiene su propio laboratorio de privilegios.
