El Congreso de Chihuahua aprobó una reforma que prohíbe el uso de lenguaje inclusivo en las escuelas del estado. Mientras unos celebran la “defensa del español”, otros se preguntan si no hay problemas más urgentes que atender en el sistema educativo.
El Congreso de Chihuahua aprobó una reforma que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en todos los planteles educativos del estado, tanto públicos como privados.
La medida establece que los materiales, clases y documentos oficiales deberán utilizar únicamente el “español correcto”, excluyendo expresiones como “todes”, “alumnxs” o “niñ@s”.
Los legisladores que respaldaron la iniciativa argumentaron que el uso del lenguaje inclusivo “distorsiona la enseñanza” y que la prioridad debe ser “preservar la pureza del idioma”.
Sin embargo, la decisión ha generado críticas en redes sociales y entre especialistas que la consideran una medida retrógrada y simbólica, enfocada más en la forma que en los verdaderos problemas del sector educativo.
Y es que, mientras el Congreso discute cómo se debe hablar, las escuelas de Chihuahua enfrentan carencias graves: falta de maestros, aulas en mal estado, recortes a programas y baja cobertura digital.
En un estado donde muchos alumnos caminan kilómetros para llegar a clases o estudian sin conexión a internet, la pregunta es inevitable:
¿era esto realmente lo más urgente?
El debate sobre el lenguaje inclusivo podría tener sentido en un país con educación plena, pero en el contexto mexicano parece más un gesto político que una política educativa.
La reforma ya fue aprobada y entrará en vigor una vez publicada en el Periódico Oficial del Estado.
Mientras tanto, la comunidad educativa sigue esperando que las autoridades se preocupen menos por cómo se habla… y más por lo que se enseña.
