El gobierno de Estados Unidos cerró sus puertas al AIFA. La administración Trump ordenó suspender vuelos comerciales y de carga desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, argumentando que México violó los términos del acuerdo bilateral de transporte aéreo. La decisión tomó por sorpresa a las aerolíneas mexicanas, que ahora enfrentan la cancelación de 13 rutas hacia distintos destinos estadounidenses y la pérdida temporal de permisos de operación.
El veto no es solo técnico: es un mensaje político. Washington acusa a México de haber alterado unilateralmente las condiciones del convenio al reubicar operaciones de carga y modificar franjas horarias sin coordinación. Desde entonces, la tensión entre ambas autoridades aeronáuticas fue creciendo hasta desembocar en esta medida que podría costar millones de dólares al sector turístico, logístico y aeroportuario mexicano.
En los pasillos del AIFA, el anuncio cayó como tormenta. Los vuelos hacia Houston, Dallas y Miami fueron suspendidos de inmediato, mientras los de carga quedaron detenidos por revisión de cumplimiento normativo. Los pasajeros afectados se multiplicaron y las aerolíneas improvisaron reprogramaciones desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, reviviendo la vieja discusión sobre la viabilidad del proyecto insignia inaugurado hace apenas tres años.
El gobierno mexicano enfrenta ahora una prueba de vuelo político: responder con diplomacia o con confrontación. Si opta por lo segundo, el conflicto podría escalar hacia una disputa comercial más amplia; si elige la negociación, deberá hacerlo desde una posición debilitada por los propios errores administrativos. En cualquier caso, el veto al AIFA deja claro que los cielos del T-MEC no están exentos de turbulencia y que los tratados, cuando se rompen, caen con más fuerza que los aviones.
