La madrugada del martes, un operativo conjunto entre la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México irrumpió en la Casa de las Mercedes, en la colonia San Rafael. El resultado: el rescate de 30 menores de edad —niñas, niños y adolescentes— que vivían bajo condiciones irregulares. La institución, que funcionaba como casa hogar y aseguraba ofrecer refugio a víctimas de violencia y abandono, fue puesta bajo investigación por presunto maltrato y falta de protocolos de protección.
El rescate se llevó a cabo tras múltiples reportes vecinales sobre gritos, descuidos y presuntas salidas sin supervisión de las niñas. Los vecinos denunciaron además que los fines de semana se realizaban actividades ajenas a un centro de resguardo, como ventas de garaje, y que era común ver a las menores deambulando sin acompañamiento adulto. La alerta se encendió definitivamente tras la desaparición temporal de tres niñas hace algunos días, hecho que derivó en la revisión formal de las condiciones del lugar.
Durante la intervención, las autoridades constataron deficiencias en la infraestructura, falta de personal capacitado y documentos incompletos que acreditaran la tutela de los menores. Los 30 niños y adolescentes fueron trasladados a espacios del DIF capitalino, donde reciben atención médica, psicológica y legal. La directora del albergue y varios trabajadores quedaron sujetos a investigación por posible negligencia, omisión y maltrato.
El caso pone en evidencia un problema más profundo: la débil supervisión estatal de instituciones privadas de asistencia social que operan con donativos, discursos religiosos o filantrópicos, pero sin vigilancia suficiente. En teoría, estas casas deberían ser refugio; en la práctica, se convierten a menudo en espacios opacos donde la vulnerabilidad se multiplica. El rescate en la Casa de las Mercedes no solo salva vidas: obliga al Estado a revisar cuántos refugios más funcionan en las sombras del abandono.
