La Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara para resolver uno de los casos fiscales más grandes en la historia reciente: una sentencia que podría costarle más de 48 mil millones de pesos a Grupo Salinas por deudas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con el reportaje publicado por Proceso, varios ministros se habrían alineado con la narrativa del gobierno federal, marcando un giro político en un tribunal que hasta hace poco era el principal contrapeso institucional frente al poder presidencial. La inminente resolución no solo amenaza a una de las corporaciones mediáticas y financieras más influyentes del país, sino que también evidencia la tensión entre independencia judicial y conveniencia política.
El conflicto entre el SAT y Grupo Salinas —propietario de TV Azteca, Banco Azteca y Elektra— lleva más de una década en litigio. En 2022, los tribunales fallaron parcialmente a favor de la empresa, pero el gobierno actual reactivó el proceso con una nueva interpretación fiscal. Ahora, la Corte analiza si procede el cobro íntegro de los créditos, equivalentes al presupuesto anual de estados como Oaxaca o Quintana Roo. El mensaje implícito es claro: quien desafíe al gobierno en los medios o en los tribunales enfrentará todo el peso del Estado. El caso ocurre en medio de una relación cada vez más tensa entre el presidente López Obrador y Ricardo Salinas Pliego, marcada por acusaciones mutuas de evasión, censura y manipulación informativa.
La votación interna de los ministros será también una prueba de lealtad institucional. Desde la llegada de Lenia Batres a la Corte y la cercanía de otros ministros con el Ejecutivo, el equilibrio de fuerzas ha cambiado. Voces críticas advierten que la 4T busca consolidar el control del Poder Judicial antes de las elecciones de 2025, usando casos emblemáticos como éste para legitimar una narrativa de “justicia fiscal” que, en la práctica, castiga a adversarios incómodos. Si la sentencia se confirma, marcará un precedente sobre el uso político del cobro de impuestos, pero también abrirá la puerta a futuras presiones contra empresarios que financien medios independientes o proyectos críticos del régimen.
Más allá de los millones en disputa, el caso pone en juego la autonomía del máximo tribunal. La Corte, que debería representar la imparcialidad del Estado, parece hoy atrapada en la lógica de facciones: el castigo al disidente y la absolución del aliado. Si el fallo contra Grupo Salinas se dicta en los términos anticipados, no solo se habrá saldado una deuda fiscal, sino una deuda política. Y lo que está en juego, más que un monto, es la credibilidad misma del sistema judicial mexicano, cada vez más cerca del poder que juró vigilar.
