La Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró la puerta de golpe a Ricardo Salinas Pliego. En una decisión unánime, las y los ministros desecharon los siete amparos con los que Grupo Salinas intentaba frenar el pago de más de 48 mil millones de pesos en créditos fiscales acumulados a lo largo de casi dos décadas. La resolución no solo confirma la deuda, sino que marca un precedente incómodo para uno de los hombres más poderosos —y más ruidosos— del país.
El caso lleva años atorado entre recursos, aplazamientos y campañas de presión mediática del propio empresario, quien ha insistido en que el cobro es “injusto”. Sin embargo, la Corte determinó que los argumentos de Elektra y el resto de sus empresas no tenían sustento. La deuda está firme: más de 43 mil millones corresponden a Elektra, y el resto a Televisión Azteca y otras filiales.
La respuesta de Salinas no tardó. Desde sus redes sociales denunció un “día negro para la justicia”, en un intento por presentar la resolución como persecución política. Pero los hechos van en otra dirección: el máximo tribunal consideró que no hubo violación a derechos ni arbitrariedad de la autoridad fiscal. En otras palabras: el adeudo existe, es exigible y no hay más maniobras legales para evitarlo.
Este revés llega en un momento clave, justo cuando el magnate libra varias batallas judiciales —incluyendo disputas laborales, demandas civiles y más litigios fiscales— mientras intenta mantener viva la narrativa de que se trata de un “empresario perseguido”. Lo cierto es que la Suprema Corte habló con claridad: las leyes fiscales aplican para todos, incluso para quienes están acostumbrados a no cumplirlas. La pelota ahora está en la cancha de Salinas Pliego: pagar, negociar… o seguir pataleando en redes.
