El uso creciente de herramientas legales, fiscales y judiciales contra opositores, empresarios y manifestantes revela un patrón preocupante: el poder ya no debate, responde con fuerza.
Durante los últimos meses, México ha sido escenario de decisiones que amplían la capacidad del Estado para influir directamente en la vida pública, y también para responder a la disidencia de manera más contundente. Si alguien con peso político cuestiona al Gobierno, aparece de inmediato la intención de modificar la estructura judicial. Si el empresario incomoda, viene la revisión fiscal. Si la protesta incomoda, se activa el aparato penal. Este patrón no es nuevo en la historia del país, pero adquiere particular relevancia en un momento en el que el discurso oficial insiste en que todo cambio es por “justicia social”.
El caso de los jóvenes de la llamada Generación Z que protestaron en distintos estados expuso una tensión profunda: la criminalización de la inconformidad. Mientras la demanda central era mayor seguridad y claridad en la acción gubernamental, la respuesta institucional derivó en la imputación de delitos graves para justificar detenciones prolongadas. Este fenómeno revela una dinámica en la que el Estado interpreta el desacuerdo como amenaza, no como participación política legítima.
En paralelo, se observa un aumento notable en el uso del SAT como mecanismo de presión política. Si bien es cierto que México necesita mejorar la recaudación y cerrar brechas de evasión, el foco mediático en ciertos grupos empresariales opositores ha alimentado la percepción de un uso selectivo de las instituciones fiscales. En democracia, las herramientas del Estado deben funcionar bajo principios, no bajo emociones políticas. Cuando se percibe que la lupa fiscal se activa según conveniencias, se quiebra la confianza pública.
A ello se suma la transformación del sistema judicial. El impulso para modificar cómo se eligen jueces y ministros se presenta como una reforma para democratizar la justicia. Sin embargo, el riesgo radica en quién controla las reglas del proceso. Si desde el Ejecutivo o el partido en turno se establece la arquitectura del nuevo orden judicial, el equilibrio institucional se debilita y la independencia se vuelve vulnerabilidad.
Lo más inquietante es que estas acciones ocurren en un ambiente donde la narrativa oficial reivindica cada decisión como parte de una lucha histórica, lo que dificulta distinguir entre reformas necesarias y maniobras de control. La legitimidad electoral no otorga un cheque en blanco, y la fuerza política no debe convertirse en un sustituto del diálogo.
La democracia no se rompe de un día para otro. Se erosiona cuando la crítica se convierte en causa de persecución, cuando la protesta se interpreta como delito y cuando el Gobierno decide que el disenso es un error que debe corregirse. Hoy, México se encuentra ante una disyuntiva crucial: permitir que el poder siga ampliando sus márgenes o exigir que cada acción se someta a límites claros, institucionales y verificables.
Porque un país donde el Estado decide quién puede quejarse… deja de ser un país libre.»
