La Comisión Federal de Electricidad lanzó una alerta nacional tras detectar un nuevo modus operandi que se expande con rapidez: grupos de estafadores que se hacen pasar por empleados de la empresa para ingresar a domicilios con el pretexto de hacer “revisiones del servicio”. Lo inquietante es que no llegan improvisados. Llegan uniformados, con credenciales falsas y, en algunos casos, utilizando camionetas que simulan ser oficiales. Todo diseñado para que cualquier usuario desprevenido abra la puerta sin sospechar que está permitiendo el acceso a delincuentes.
El esquema, según la empresa, combina suplantación de identidad, engaños técnicos y recorrido selectivo por colonias donde los delincuentes saben que la gente permite el paso sin demasiadas preguntas. Los falsos trabajadores dicen haber detectado “irregularidades”, “riesgos de sobrecarga”, “medidores dañados” o supuestos reportes automatizados. Una vez dentro, el fraude se divide en dos vertientes: o exigen pagos para evitar una multa inexistente o aprovechan el acceso al hogar para cometer robos discretos y retirarse sin levantar sospechas. En zonas de alta rotación de personal real de CFE, la confusión juega a favor de los impostores.
El problema no es menor. La suplantación de trabajadores de servicios básicos se ha vuelto un negocio creciente porque se apoya en una realidad evidente: la mayoría de la población no sabe cómo identificar a un técnico legítimo. Las credenciales clonadas, los uniformes falsificados y el lenguaje técnico que usan los estafadores completan la ilusión. El usuario promedio no tiene cómo distinguir entre una inspección real y una emboscada cuidadosamente montada. La CFE insiste en que ninguna revisión domiciliaria se realiza sin notificación previa, pero esa advertencia llega en un país donde la incertidumbre energética y las fallas del servicio hacen que la gente abra la puerta por miedo a quedarse sin luz.
La empresa pide ahora que los usuarios verifiquen nombres, números de empleado y folios antes de permitir cualquier acceso, recomendación que refleja otro problema: la dependencia entre ciudadanos y una infraestructura que muchas veces no ofrece canales ágiles de verificación. Mientras la CFE intenta frenar el fraude con comunicados y campañas de concientización, los estafadores siguen explotando la vulnerabilidad cotidiana. La puerta de una casa no debería ser un punto de riesgo, pero se ha convertido en uno más de los eslabones débiles del ecosistema de servicios en México.
Al final, este nuevo esquema de estafa evidencia una falla general: cuando la gente confía menos en las instituciones que en la apariencia de un uniforme, el engaño encuentra terreno fértil. La CFE puede advertir, pero la responsabilidad del Estado es mayor: garantizar que la identidad institucional no pueda ser replicada tan fácilmente y que los usuarios tengan herramientas reales para protegerse. Mientras eso no ocurra, cada timbre en la puerta será una lotería entre un técnico legítimo y un impostor que ya conoce el terreno mejor que quienes deberían cuidarlo.
