México y Estados Unidos anunciaron un entendimiento sobre el Tratado de Aguas de 1944, pero la pregunta incómoda sigue flotando: ¿cooperación real o entrega forzada bajo amenaza económica?
El agua volvió a colocarse en el centro de la relación México–Estados Unidos. Esta vez no por un nuevo tratado ni por una visión compartida de largo plazo, sino por una negociación acelerada para evitar un castigo comercial. El anuncio fue claro: México liberará 249,163 millones de metros cúbicos de agua antes del 31 de enero de 2026, con entregas que comienzan a mediados de diciembre. Con ello, se desactiva la amenaza de un arancel del 5% planteada por Donald Trump. El acuerdo existe. La duda es su naturaleza.
En el papel, ambos gobiernos hablan de cooperación, de la “importancia crítica” de cumplir con el Tratado de Aguas de 1944 y de proteger a las comunidades de ambos lados de la frontera. También subrayan que cada país puede actuar de manera soberana si hay incumplimientos. El lenguaje es diplomático, correcto, casi académico. Pero el contexto es todo menos neutral.
La negociación ocurrió bajo presión directa. Trump acusó a México de adeudar volúmenes acumulados y advirtió que, sin cumplimiento inmediato, habría consecuencias comerciales. Frente a ese escenario, el acuerdo parece menos un consenso técnico y más una válvula de escape política. No se discutió públicamente una estrategia hídrica binacional de largo plazo; se resolvió una urgencia.
Y esa urgencia tiene nombre y territorio: Chihuahua. Desde 2020, el estado enfrenta una sequía severa que ha tensado a comunidades, productores y autoridades. Presas como La Boquilla, El Granero y Las Vírgenes registran niveles bajos, algunos por debajo del 40%. Abrirlas no es un trámite administrativo: es una decisión que impacta directamente en el futuro agrícola y social de la región. Por eso el tema ha generado resistencias históricas y conflictos locales.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que existe disposición de la gobernadora Maru Campos para alcanzar un acuerdo que priorice a los chihuahuenses. Campos, por su parte, ha insistido en que el agua es vida y futuro para el estado. Ambas posturas reconocen el dilema central: cumplir un tratado internacional sin vaciar la viabilidad local. Ese equilibrio es frágil y, hasta ahora, poco transparente.
El Tratado de 1944 establece obligaciones claras para ambos países: Estados Unidos entrega agua del río Colorado y México del río Bravo en ciclos de cinco años. No es un favor, es un compromiso mutuo. Sin embargo, cuando el cumplimiento se activa bajo amenaza, la percepción cambia. Ya no parece cooperación, sino subordinación táctica para evitar un golpe mayor.
La pregunta de fondo no es legal, es política: ¿México está entregando agua por convicción y planeación, o por miedo a una represalia económica? Porque si el acuerdo se sostiene solo mientras haya presión, entonces no hay verdadera coordinación, solo administración del riesgo.
El agua no debería negociarse como moneda de cambio coyuntural. Es un recurso estratégico, finito y vital. Si cada ciclo se resuelve con ultimátums, el problema no es el tratado, sino la ausencia de una política binacional seria frente a la crisis hídrica. Hoy se calmó la amenaza arancelaria. Mañana, si la sequía continúa, la pregunta volverá. Y será más incómoda.
