La entrega de más de 3 mil hectáreas al pueblo Ódami en la Sierra Tarahumara, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido presentada como un acto de justicia territorial largamente esperado. Para muchas comunidades indígenas, el reconocimiento legal de la tierra no es un tema menor: es identidad, sustento y memoria. Sin embargo, la pregunta inevitable es si este tipo de acciones realmente alcanzan para saldar la deuda histórica que el Estado mexicano mantiene con los pueblos originarios.
Durante el evento en Guachochi, se habló de restitución, de derechos y de justicia. Y es cierto: devolver tierras que fueron despojadas es un paso necesario. El problema es que este paso llega tarde. Décadas tarde. La mayoría de los pueblos indígenas en México han vivido generaciones enteras sin reconocimiento pleno, sin acceso real a servicios básicos y sin protección efectiva de sus territorios frente a intereses externos.
La tierra, por sí sola, no corrige el abandono estructural. La Sierra Tarahumara no solo ha sido escenario de despojos, también de carencias persistentes: caminos en mal estado, servicios de salud insuficientes, falta de personal médico, escuelas incompletas y comunidades aisladas. En ese contexto, devolver hectáreas sin garantizar condiciones materiales para vivir dignamente corre el riesgo de convertirse en un gesto simbólico más que en una transformación profunda.
El propio gobierno reconoce que fue hasta 2024 cuando los pueblos originarios fueron considerados sujetos de derecho en la Constitución. Ese dato, lejos de ser un logro para presumir, evidencia el tamaño del rezago. ¿Cómo hablar de justicia histórica cuando el reconocimiento legal llegó apenas ayer? ¿Cuántas decisiones, proyectos y presupuestos se tomaron durante décadas sin considerar a quienes habitaban esos territorios desde antes de que existiera el Estado mexicano?
Programas como Sembrando Vida, la promesa de infraestructura, hospitales o escuelas de enfermería son avances importantes, pero también plantean otro cuestionamiento: ¿habrá continuidad? La historia reciente está llena de proyectos anunciados con entusiasmo que se diluyen con los cambios de administración o se quedan a medias por falta de seguimiento. Para los pueblos originarios, la justicia no puede depender del sexenio en turno ni de la voluntad política del momento.
También es necesario decirlo con claridad: la deuda histórica no se paga con eventos públicos ni con discursos bien intencionados. Se paga con políticas sostenidas, con presupuesto suficiente, con vigilancia para evitar nuevos despojos y con participación real de las comunidades en las decisiones que afectan su territorio. Si no se garantiza eso, la restitución corre el riesgo de ser solo una fotografía más para el archivo gubernamental.
La entrega de tierras al pueblo Ódami es un paso en la dirección correcta, pero no es la meta. Celebrarlo sin cuestionarlo sería conformarse con poco. La verdadera justicia para los pueblos originarios no se mide en hectáreas entregadas, sino en la posibilidad real de vivir con dignidad, autonomía y futuro en su propio territorio.
