Mientras Pemex enfrenta pérdidas y menor ingreso al país, una filial creada como sociedad privada maneja envíos millonarios de combustible a Cuba sin rendir cuentas claras sobre pagos, subsidios ni destino de los recursos.
Gasolinas del Bienestar fue presentada como una herramienta para apoyar comunidades y fortalecer a Pemex. Sin embargo, los hechos documentados muestran un esquema que abre más preguntas de las que responde. Entre mayo y agosto de 2025, México envió a Cuba combustibles subsidiados por más de 3 mil millones de dólares, equivalentes a cerca de 60 mil millones de pesos. Una cifra que iguala el presupuesto anual de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para 2026.
Estos envíos se realizaron a través de Gasolinas Bienestar, una filial de Pemex creada en 2022 y constituida como sociedad mercantil de derecho privado. Bajo esa figura, Pemex ha negado entregar comprobantes de pago, argumentando que no es sujeto obligado en materia de transparencia. Es decir, una empresa con capital público que opera como privada cuando se le pide rendición de cuentas.
La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documenta al menos 58 cargamentos de hidrocarburos enviados a Cuba en apenas cuatro meses, principalmente desde Coatzacoalcos. También señala el uso de embarcaciones como el buque Sandino, incluido desde 2019 en la lista de sanciones de la OFAC de Estados Unidos. Aun así, los envíos continuaron.
El contraste es inevitable. Mientras se destinan recursos públicos a combustibles subsidiados para otro país, Pemex reconoce pérdidas financieras, menor exportación a Estados Unidos y una caída en su aportación al erario. Gasolinas Bienestar, en su primer año de operación, reportó pérdidas y una deuda de más de 5 mil 800 millones de pesos.
Pemex sostiene que los envíos se realizan bajo contratos comerciales y que también forman parte de ayuda humanitaria. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que no hay nada ilegal y que Gasolinas del Bienestar es una filial, no una empresa privada en sentido estricto. Sin embargo, expertos en transparencia señalan que el problema no es la figura jurídica, sino el uso de recursos públicos sin información clara y verificable.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, ha sido claro: cualquier entidad que ejerza recursos públicos debe rendir cuentas, independientemente de su razón social. Negar información bajo el argumento de derecho privado contradice el espíritu del artículo 6 constitucional.
El caso no es aislado. Analistas recuerdan precedentes como PTI en Dos Bocas o Gas del Bienestar, empresas creadas bajo esquemas similares que no han mostrado resultados financieros positivos ni transparencia plena. Esto enciende focos rojos sobre una posible privatización de la información, aunque el capital sea público.
Gasolinas del Bienestar se convierte así en un símbolo incómodo: una empresa que opera con dinero de todos, pero que no informa como si fuera de todos. El debate no es Cuba, ni la política exterior. El debate es si los recursos públicos pueden moverse en la opacidad sin explicación clara a los contribuyentes.
