La salida del fiscal deja al descubierto decisiones polémicas, beneficios retirados y el arranque de una nueva etapa en la FGR.
La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República no fue silenciosa ni ordenada. Fue, más bien, el cierre abrupto de una gestión marcada por decisiones discrecionales, silencios prolongados y una influencia que hoy empieza a desmoronarse. El caso de Raúl Rocha Cantú se convirtió en el símbolo perfecto de ese final: una orden de aprehensión retirada en la recta final, beneficios procesales concedidos y, semanas después, todo revertido bajo una nueva administración.
De acuerdo con los propios expedientes judiciales, la orden de aprehensión contra el empresario fue cancelada cuando Gertz Manero aún encabezaba la FGR, mediante la figura de testigo colaborador. Una decisión que, por el momento en que ocurrió y por el perfil del implicado, levantó sospechas inmediatas. No fue un trámite menor ni una coincidencia administrativa: fue una acción tomada cuando el fiscal ya tenía un pie fuera del cargo.
Ese movimiento permitió que Rocha Cantú pasara de ser sujeto de investigación activa a contar con una protección ministerial que lo mantenía fuera del alcance judicial. Sin embargo, el acuerdo exigía algo básico: cooperación efectiva. Esa cooperación nunca llegó. El empresario no se presentó a declarar, pidió facilidades extraordinarias y, con el paso de los días, el beneficio quedó vacío de contenido.
Ahí es donde el cambio de era se vuelve evidente. Con Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía, el criterio de oportunidad fue revocado. No por presión mediática, sino por incumplimiento. La propia autoridad judicial dejó constancia de que no hubo colaboración real y que, por lo tanto, los beneficios otorgados ya no tenían sustento legal. La orden de aprehensión fue reactivada y la narrativa dio un giro completo.
El mensaje institucional es claro: los acuerdos no son blindajes permanentes y la salida de Gertz Manero implica también el fin de una red de decisiones que, durante años, parecían intocables. Lo que antes se resolvía en oficinas cerradas, hoy vuelve a tribunales. Lo que antes se congelaba, hoy se reactiva.
Este episodio no solo exhibe la fragilidad de los beneficios otorgados al final de una gestión, también marca un punto de quiebre para la Fiscalía. La revocación del acuerdo y la reactivación del proceso muestran una FGR que busca recuperar credibilidad y enviar una señal interna: la protección terminó con la salida del fiscal.
No se trata aún de sentencias ni de finales definitivos. Se trata del inicio de una nueva etapa. Una en la que los expedientes ya no dependen del nombre que firma, sino de lo que realmente se cumple. Gertz Manero se fue, y con él, la influencia que permitió decisiones que hoy están siendo desmontadas pieza por pie
