México avanzó al poner tasa cero a tres productos menstruales, pero la discusión actual exhibe que la justicia menstrual aún está incompleta.
Desde 2022, México eliminó el IVA para toallas sanitarias, tampones y copas menstruales. Fue un avance celebrado porque reconocía algo básico: la menstruación no es un lujo ni una decisión. Sin embargo, con el tiempo quedó claro que esa reforma se quedó a medias. La vida real no funciona con una lista de tres productos, y la diversidad de cuerpos, contextos y necesidades menstruales tampoco.
Hoy, el debate está sobre la mesa por una razón simple: hay productos que cumplen exactamente la misma función, pero siguen pagando 16% de impuesto. Pantiprotectores, ropa interior menstrual, discos menstruales, toallas reutilizables y otros insumos continúan gravados. Eso genera una desigualdad fiscal difícil de justificar, sobre todo cuando hablamos de un proceso que atraviesa a millones de personas durante décadas de su vida.
La discusión no es solo técnica. Es económica y es social. La Encuesta Nacional de Gestión Menstrual de 2022 mostró que una gran mayoría considera necesario eliminar el IVA a todos los productos menstruales, no solo a algunos. También reveló que muchas personas no cuentan con condiciones adecuadas para gestionar su menstruación en espacios como escuelas, hogares u oficinas. Y, todavía más fuerte: más de la mitad ha tenido que dejar de comprar alimentos o pagar servicios para poder adquirir insumos de gestión menstrual.
Esa es la definición más clara de precariedad: cuando lo inevitable se vuelve una carga que compite con lo esencial. En ese escenario, mantener un impuesto diferenciado no es neutral. Profundiza brechas y castiga más a quien menos tiene.
Por eso, las iniciativas presentadas en el Congreso buscan ampliar la tasa cero a todos los productos menstruales y lograr que la medida pueda entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2026. Si se aprueba, México se colocaría como el primer país de América Latina en aplicar tasa cero de manera total en productos de gestión menstrual, sumándose a ejemplos internacionales donde se han eliminado impuestos similares.
Pero el tema ya rebasó al Congreso. La Suprema Corte discutirá un proyecto que plantea justamente lo mismo: que la tasa cero pueda extenderse a toda la gestión menstrual, cuestionando si la ley actual produce un trato desigual sin una razón objetiva. El debate es relevante porque abre la puerta a ver la política fiscal con perspectiva de igualdad y derechos.
En el fondo, la pregunta es directa: si el Estado ya aceptó que estos productos son necesarios, ¿por qué seguir cobrando distinto según el tipo de insumo? La justicia menstrual no se trata de un gesto simbólico, sino de garantizar acceso real, opciones seguras y condiciones dignas. Menstruar no debería traer recargo. Debería ser un derecho cubierto, entendido y respetado.
