Una auditoría oficial reconstruye paso a paso cómo 22 toneladas de mango salieron de un predio resguardado por la Marina, revelando fallas de control, omisiones y versiones encontradas dentro de un proyecto estratégico del Estado.
El caso no parece ficción ni anécdota menor: ocurrió en un predio federal, bajo resguardo militar y ligado a uno de los proyectos prioritarios del sexenio. De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el 20 de mayo de 2025 se produjo la sustracción de 22 toneladas de mango ataulfo del Polo de Desarrollo Tapachula II, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El daño estimado al erario fue de 143 mil pesos, aunque el potencial económico perdido era considerablemente mayor.
Según la auditoría oficial, el hecho ocurrió minutos antes de la una de la tarde. Dos marinos custodiaban el acceso al predio cuando tres vehículos se estacionaron frente al portón. De uno de ellos descendió una mujer que vestía un chaleco guinda y se identificó como Brenda Elizabeth Meza Sandoval, funcionaria de la Secretaría de Bienestar. Aseguró contar con autorización federal para ingresar. Nadie le pidió documentos. Nadie activó un protocolo. El acceso fue concedido.
Lo que siguió fue una operación a gran escala. El reporte indica que ingresaron al predio al menos 100 civiles, tres vehículos particulares y dos camiones Torton de 18 toneladas. La escena se había repetido un día antes, el 19 de mayo, cuando otro grupo identificado también como “servidores públicos de Bienestar” entró para cortar y estibar mango de primera calidad. Todo ocurrió en terrenos que ya estaban bajo administración de la Secretaría de Marina.
En menos de dos horas, el mango fue cargado. Se llevaron cerca de mil rejas del fruto, dejando únicamente producto de tercera calidad, dañado o inservible. El destino final de esas 22 toneladas sigue sin conocerse. Para el organismo estatal CIIT, la consecuencia fue clara: una reducción drástica de ingresos que estaban previstos como parte del aprovechamiento de recursos naturales tras la tala asociada a la construcción del Tren Interoceánico.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no centró la acusación únicamente en quienes ingresaron al predio. El señalamiento principal fue contra la Marina y el CIIT, por un “inadecuado control para la captación de ingresos propios”, falta de responsables claros de resguardo y ausencia de medidas de vigilancia, pese a que los predios ya formaban parte del patrimonio del organismo desde octubre de 2024.
La historia se complica con la versión de Brenda Meza Sandoval, hoy regidora en Cacahoatán. Ella niega haber sustraído el mango y sostiene que la cosecha fue realizada por trabajadores vinculados a Bienestar, y que posteriormente fue la propia Marina quien se llevó el fruto. Afirma incluso haber documentado con fotografías la participación de personal naval.
El caso, hoy bajo revisión administrativa y con posibles derivaciones penales, exhibe algo más profundo que la pérdida de fruta: revela cómo un proyecto estratégico puede quedar vulnerable cuando las responsabilidades no están claras, los controles fallan y las instituciones se cruzan sin coordinación. No fue un evento fortuito. Fue una cadena de decisiones —y omisiones— que permitió que un predio federal fuera vaciado a plena luz del día.
