La discusión sobre quitar plurinominales y reducir el financiamiento a partidos avanza, pero no sin tensiones políticas, riesgos operativos y posibles consecuencias inesperadas rumbo a 2027.
La reforma electoral volvió al centro del debate político nacional y lo hizo por dos de los temas más sensibles del sistema democrático: la representación política y el dinero público destinado a los partidos. Las casi 400 propuestas recibidas por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral revelan un consenso parcial, pero también profundas diferencias sobre cómo transformar el sistema sin debilitarlo.
Por un lado, existe un amplio acuerdo en que el modelo actual es costoso. La mayoría de las iniciativas coincide en la necesidad de reducir el financiamiento a partidos, limitar la publicidad electoral y avanzar hacia campañas menos onerosas. En un país donde los recursos públicos son limitados y las demandas sociales múltiples, este planteamiento resulta atractivo para buena parte de la ciudadanía, que percibe a los partidos como estructuras caras y, muchas veces, alejadas de sus prioridades.
Sin embargo, la discusión se complica cuando entra en juego la figura de los plurinominales. Quienes proponen su eliminación argumentan que cada legislador debería ganar su lugar en las urnas y representar directamente a un distrito. Bajo esta lógica, se fortalecería la rendición de cuentas y se reduciría la percepción de que existen cargos “regalados” por las cúpulas partidistas.
Del otro lado, académicos y especialistas recuerdan que la representación proporcional nació como un mecanismo para evitar la sobrerrepresentación de las mayorías y garantizar la inclusión de minorías políticas. Eliminar o reducir drásticamente los plurinominales podría traducirse en congresos menos diversos y con menor capacidad de equilibrio frente al poder dominante. Algunas propuestas intermedias —como asignar curules a los mejores segundos lugares o utilizar modelos mixtos— buscan corregir excesos sin desaparecer el principio de pluralidad.
A estos dilemas se suma una advertencia clave de organizaciones civiles: el momento. Implementar una reforma profunda en la antesala del proceso electoral más complejo de la historia, que incluirá elecciones judiciales y la renovación simultánea de múltiples cargos, podría elevar el riesgo de errores logísticos y fallas operativas. No se trata solo del contenido de la reforma, sino de su viabilidad práctica.
Además, el llamado “efecto bumerán” empieza a asomar. Morena podría verse beneficiado en términos presupuestales y de representación en el corto plazo, pero al mismo tiempo poner en riesgo las alianzas que le han permitido construir mayorías legislativas. Partidos como el Verde y el del Trabajo, que han sobrevivido gracias a la representación proporcional, ya envían señales de posible ruptura.
La reforma electoral promete austeridad y ajustes estructurales, pero también abre interrogantes sobre pluralidad, gobernabilidad y estabilidad política. El reto no es menor: reformar sin debilitar, ahorrar sin excluir y modernizar sin provocar un costo político que termine regresando como bumerán.
