El Banco del Bienestar fue presentado como la columna vertebral de la política social del Estado mexicano. Un banco público para llevar servicios financieros a donde nunca llegaron. Sin embargo, hoy opera sobre una base frágil: el 84% de sus sucursales se encuentra en un limbo jurídico que compromete no solo su legalidad, sino su viabilidad a largo plazo.
La irregularidad no es un detalle técnico. Significa que la mayoría de las sucursales carecen de documentos esenciales para acreditar la posesión legal de los inmuebles donde operan. En términos simples: el banco funciona en edificios que no están plenamente regularizados. En cualquier otra institución financiera, ese escenario sería inaceptable. Aquí, se normalizó.
El problema revela una constante del proyecto: la prisa por inaugurar superó a la planeación. Se construyeron sucursales para cumplir metas políticas y calendarios, pero sin cerrar procesos básicos como escrituras, permisos o registros patrimoniales. El resultado es una red amplia, pero jurídicamente endeble.
La paradoja es evidente. Un banco que administra recursos públicos, dispersa apoyos sociales y concentra millones de operaciones funciona sin certeza sobre el suelo que pisa. La inclusión financiera se sostiene, literalmente, sobre papeles incompletos. El riesgo no es abstracto: conflictos legales, imposibilidad de asegurar inmuebles o responsabilidades patrimoniales mal definidas.
Desde el discurso oficial, el tema se minimiza. Se habla de procesos en curso, de regularizaciones futuras y de que el servicio no se detiene. Pero esa narrativa elude lo esencial: operar primero y corregir después no es una estrategia financiera, es una apuesta administrativa con cargo al erario.
El Banco del Bienestar no es una dependencia menor. Es el canal principal para la dispersión de programas sociales. Cualquier irregularidad estructural impacta directamente a millones de beneficiarios. La estabilidad institucional no es un lujo burocrático, es una condición mínima para la confianza.
Además, el caso expone una contradicción profunda del proyecto. Se prometió romper con viejas prácticas de opacidad y desorden administrativo. Sin embargo, la operación del banco reproduce una lógica conocida: avanzar sin cerrar expedientes, resolver después y confiar en que el tiempo legitime lo que no se construyó bien desde el inicio.
La falta de certeza jurídica también tiene un efecto simbólico. Un banco público debería ser ejemplo de cumplimiento normativo. Cuando no lo es, envía el mensaje contrario: que la legalidad es flexible si el proyecto es políticamente prioritario. Esa lógica erosiona la credibilidad institucional.
No se trata de negar la necesidad del Banco del Bienestar ni su función social. Se trata de cuestionar la forma. La inclusión financiera no se fortalece con improvisación, sino con instituciones sólidas, transparentes y jurídicamente impecables. Lo contrario convierte un proyecto estratégico en una vulnerabilidad permanente.
Hoy, el banco sigue operando. Los apoyos se entregan y las sucursales abren sus puertas. Pero debajo de esa normalidad hay un problema estructural sin resolver. El 84% irregular no es un número menor, es una alerta.
La pregunta no es si el Banco del Bienestar debe existir. La pregunta es si puede sostenerse así. Porque un banco que nació para dar certeza a los más vulnerables no debería vivir, él mismo, en la incertidumbre legal.
