El paro nacional de 72 horas de la CNTE (18 al 20 de marzo) amenaza con dejar sin clases a miles de alumnos en al menos 14 estados. La protesta combina plantón, marchas y brigadeo escuela por escuela, con exigencias que el gobierno dice no poder pagar.
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El paro nacional de 72 horas de la CNTE volvió a poner una vieja práctica en modo automático: cuando la negociación no avanza, se presiona donde duele más rápido… en la escuela. Del 18 al 20 de marzo, la Coordinadora llamó a suspender actividades y a realizar “volanteo y brigadeo” plantel por plantel, una forma de paro que no siempre declara “cierre total”, pero sí vacía aulas lo suficiente para paralizar el servicio educativo.
La lista de entidades que se suman exhibe el músculo territorial de la CNTE y, de paso, el mapa de la fragilidad institucional: Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo, Morelos, Sinaloa, Estado de México, Hidalgo, Baja California, Yucatán, Veracruz, Nuevo León y Sonora. En cada estado el impacto puede variar por región y sección sindical, pero el mensaje es nacional: el calendario escolar queda supeditado a una disputa laboral que lleva años reciclándose.
En la capital, el guion es conocido: marcha y plantón en el Zócalo, cierres viales en corredores clave y la ciudad convertida en megáfono. A nivel estatal, la presión se replica con movilizaciones locales, mitines y cierres que no necesitan ser masivos para ser efectivos: basta con bloquear un punto neurálgico o ausentar suficientes maestros para que el sistema se descomponga.
La CNTE pone al centro dos demandas que el gobierno suele tratar como si fueran “aspiraciones”: abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y aumento salarial de 100% directo al sueldo base, además de cambios ligados a la reforma educativa. Del otro lado, la respuesta oficial también es repetida: hay diálogo, pero “el presupuesto no alcanza”. Es el choque perfecto para el estancamiento: una exigencia que pide reescribir el modelo de pensiones y un Estado que se escuda en la caja.
Lo que queda en medio es el costo social que casi nunca se contabiliza con honestidad. Cada paro se mide por marchas y bloqueos, pero el saldo real se cobra en aprendizaje perdido, padres improvisando cuidados, alumnos en incertidumbre y escuelas que, otra vez, quedan atrapadas como herramienta de presión. El paro no ocurre en el vacío: llega cuando la educación básica arrastra rezagos y cuando la promesa de “recuperación” suele quedarse en discurso.
La CNTE dice que presiona por derechos; el gobierno dice que no cede por presión. Y mientras ambos se aferran a su libreto, la suspensión de clases se normaliza como mecanismo de negociación, no como último recurso. En 2026, lo verdaderamente alarmante no es que haya paro: es que el país ya sabe exactamente cómo se ve… y aun así lo acepta como parte del ciclo.
